Colectivos ecologistas y ciudadanos realizarán el domingo 2 de junio una sentada en el Puente de Poniente para rechazar el proyecto de ampliación con un coste superior a los 5 millones de euros
El Ayuntamiento de Valladolid pretende realizar una ampliación del Puente de Poniente para incrementar el número de carriles destinados a vehículos. Una obra compleja y costosa que supondrá graves problemas de movilidad y que va en contra de los objetivos de la Zona de Bajas Emisiones.
El Ayuntamiento de Valladolid, después del varapalo sufrido tras anunciar el artista Jaume Plensa que finalmente no participará en el proyecto de remodelación del Puente de Poniente, ha anunciado esta semana que recupera el proyecto original de remodelación del puente.
Julio Carnero, alcalde de Valladolid, anunció el pasado martes que “en este momento me quedo con el proyecto que inicialmente trabajamos”, es decir, “un proyecto que busca incrementar el espacio disponible para el vehículo privado en detrimento de una movilidad más sostenible”, según palabras de Margarita García, presidenta de la Federación Vecinal Antonio Machado.
Ante la negativa del Ayuntamiento a desistir en la ejecución del proyecto de reforma del Puente de Poniente, una decena de colectivos ecologistas y ciudadanos han convocado una sentada el próximo domingo 2 de junio a las 12h en el propio puente. En palabras de Oscar Ruiz, coordinador de Greenpeace en Valladolid, la sentada “busca informar a la ciudadanía del sinsentido que supone incrementar el número de carriles para coches en un puente que conectará directamente con la Zona de Bajas Emisiones que entrará en vigor el próximo año, así como el despilfarro económico de más de 5 millones de euros en una obra que no supondrá ninguna mejora en la movilidad de la ciudad”.
Desde los colectivos convocantes se anima a la ciudadanía a participar en esta sentada en el puente de Poniente para que el Ayuntamiento de Valladolid recapacite sobre el proyecto de la reforma del puente que quiere llevar a cabo. Defienden que esta obra supondrá un salto hacia atrás en la movilidad de la ciudad y malgastará el dinero del erario público.
