La asociación, que ejerce la acusación particular en la causa abierta en la Audiencia Nacional, también solicita una multa de 107,5 millones de euros a la compañía, el quíntuple de los beneficios que obtuvo.
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional penas de tres años de prisión para los cuatro directivos procesados por la paralización de centrales hidroeléctricas que realizó Iberdrola a finales de 2013, lo que infló fraudulantemente el precio de la electricidad en dicho periodo.

La asociación, que ejerce la acusación particular en la causa que instruye el magistrado Ismael Moreno, también ha pedido una multa de 107,5 millones de euros para la compañía, el quíntuple de los beneficios que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estimó que había obtenido debido a dicha actuación, 21,5 millones de euros.

Además de la sanción a la compañía, FACUA solicita para el director de Gestión de Energía, A.C., el exresponsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, G.R., el jefe de Gestión de Activos, J.L.R.J., y el jefe de Gestión de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, J.P., penas de tres años de prisión y 18 meses de multa -con una cuota diaria de 400 euros- por delitos contra el mercado y los consumidores cometidos en grado de autor.

Denuncia de Anticorrupción

El caso arrancó en 2017 cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra Iberdrola al considerar que incurrió en un “delito contra el mercado y los consumidores” con la paralización de las centrales de los ríos Duero, Tajo y Sil, lo que le permitió obtener un “lucro ilícito” de unos 20 millones de euros. FACUA ya se había dirigido en 2015 a la Fiscalía General del Estado, que le dio traslado a la Fiscalía de Vizcaya, la cual decidió archivarla.

Ese mismo año, la CNMC había multado a la eléctrica con 25 millones de euros por haber inflado fraudulentamente el precio de la electricidad. En su resolución, dictaminó que la empresa había alterado fraudulentamente el mercado incrementando el precio de la oferta de sus centrales hidráulicas. Iberdrola recortó intencionadamente la producción de energía hidráulica, la más barata, para que entrara en el mercado mayorista de la electricidad -denominado pool– la procedente de los ciclos combinados, que son mucho más caros y acaban marcando un precio final más alto.

Una vez abierta la causa en la Audiencia Nacional, FACUA, como acusación particular, solicitó en 2020 al juez Moreno que pidiese a la CNMC que calculase cuál habría sido el precio de la electricidad si Iberdrola no hubiera provocado su subida mediante la paralización de las centrales. Competencia estimó que la eléctrica había provocado un aumento del precio del mercado diario de unos 7 euros por megavatio hora, obteniendo 21,5 millones de euros de beneficio.

Incremento “artificial” del precio

En un auto fechado el pasado 26 de mayo de 2022, el magistrado explicó que los hechos por los que pretende juzgar a Iberdrola se aprecian en su oferta de energía. Así, se remite a los datos aportados por la CNMC: el aumento del precio en unos 7 euros y el perjuicio a la demanda de 105 millones durante el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 23 diciembre de 2013.

Según señala Moreno, las investigaciones y diligencias practicadas durante estos cinco años han acreditado “el artificial incremento del precio de la energía eléctrica que vendía Iberdrola“, lo que resulta suficiente para procesar a la eléctrica por delitos contra el mercado y los consumidores.

El auto recoge el proceso de investigación abierto en 2017, así como buena parte del expediente sancionador que le incoó Competencia. La Audiencia Nacional ordenó el registro de las sedes de Iberdrola en Madrid y Bilbao para obtener información acerca de cómo y quién había tomado la decisión de paralizar los embalses.

Como resultado de dicha investigación, la Policía Judicial ha conseguido obtener suficiente información y tomar declaración de testigos que aportaron datos clave sobre la manipulación de precios y los responsables, permitiendo la imputación de los cuatro de sus entonces directivos para los que FACUA pide ahora penas de prisión y multas