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Opinión: Jesús Ojeda Guerrero

Sobre la "Ley mordaza": "¿Quién está seguro? Recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos"

En un tiempo como este hay que seguir disintiendo y protestando para que no se cumpla lo que el viejo profesor y alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, expuso en uno de sus bandos: “La política ha dejado de ser una política de ideales para convertirse en una política de programas”, y añado yo de progresivas inseguridades

Viernes 12 de diciembre de 2014 · 372 lecturas · rss article rubrique


Hace unos años el sociólogo francés Edgar Morin escribía en la V entrega de su Método, La identidad humana: “Existe un límite propio de la potencia de la organización social, que precisa de un mínimo de autonomía del individuo; la obediencia absoluta es la parálisis absoluta” (2004:187). Estos días se nos recuerda cómo el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A-III aprobaba la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyo artículo tercero establece que toda persona “tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en el diecinueve se reconocía “el derecho a la libertad de opinión y de expresión”; a la vez, se celebra en España el treinta y seis aniversario de la aprobación por referéndum de la Constitución de 1978, que su artículo 11.2 “reconoce” que los derechos fundamentales y las libertades “se interpretarán de conformidad con la D.U.D.H.”.

Pues bien, argumentemos con un ejemplo. El martes 25 de noviembre la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, con 23 votos a favor (PP) y 17 en contra (todos los representantes de los demás partidos) aprobó el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que con toda probabilidad pasará al Pleno del Congreso en próximas fechas y luego al Senado para su tramite final si no hay modificaciones de última hora. El profesor de historia del derecho de la Universidad de Sevilla Sebastián Martín, en una reciente conferencia impartida en Valladolid, decía que estábamos ante ‘el mayor engendro legislativo de este Gobierno’ y que no se debía analizar de forma aislada, fruto de ‘una anomalía autoritaria’, sino dentro de una transformación profunda del Estado con el objetivo de someter los derechos individuales tanto políticos como sociales a “los dictados restrictivos de las leyes estatales” dentro de la oleada de vaciar de sentido el contenido de un ‘Estado constitucional’, nacido en Europa al derrumbarse ‘las dictaduras fascistas’, e imponer, desde una mayoría absoluta un ‘Estado de derecho’ absorbido por una disciplina neoliberal, aupado por el principio del ‘imperio de la ley’ y caracterizado “por la concentración del poder político y por el recrudecimiento de las desigualdades económicas”.

¿Qué consecuencias está teniendo esta manera de ejercer el poder gubernamental de la política? Entre lo más preocupante, la preeminencia del poder ejecutivo con sus decretos leyes frente al poder legislativo, esto es, el ningunear la labor del parlamento como ‘plaza publica’ de representación política y de construcción de la regulación de la convivencia, ante el rodillo de una mayoría de voto disciplinado y sin el ánimo alguno de ejercer la saludable gimnasia de la disidencia; las propuestas de reformas judiciales para someter este poder desde los nombramientos de sus altos órganos, así como constriñir la autonomía de las entidades locales y regionales para que no se constituyan en contrapoderes frente al Gobierno. En la misma línea de denuncia, y si cabe con mayor intensidad, por el grave riesgo de fractura social, la realidad de los recortes en ayudas sociales, en los servicios públicos del ámbito de la sanidad y de la educación, la crítica en constante aumento sobre el trabajo del funcionariado y la baja tasa de reposición del mismo. En consecuencia, en opinión del profesor sevillano y de otros analistas, se está consiguiendo ‘la devaluación del sistema público y la fuga de las clases medias y altas hacia el sistema privado’. Súmese el nuevo diseño de contratación laboral y de negociación salarial para incrementar la capacidad de decisión empresarial y la desprotección del trabajador, vaciándose como vinculante las formas de negociación colectiva… Las reformas fiscales ya aprobadas y las que están en curso con un carácter electoralista, desvinculadas del principio imperativo de progresividad en un estado constitucional, haciendo pagar menos proporcionalmente a las grandes empresas y a las rentas de capital, dándose la curiosa situación de que quien reciba en dividendos por sus acciones más de un 1.000.000 euros (sólo 11% de la población declara tener acciones en bolsa) cotizará en un nivel semejante que aquel trabajador o ‘emprendedor’ por cuenta propia que haya ganado 50.000 euros. Ello nos está conduciendo a mayores diferencias sociales que anulan el umbral mínimo de homogeneidad que requiere una convivencia democrática

En un tiempo como este hay que seguir disintiendo y protestando para que no se cumpla lo que el viejo profesor y alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, expuso en uno de sus bandos: “La política ha dejado de ser una política de ideales para convertirse en una política de programas”, y añado yo de progresivas inseguridades.

Jesús Ojeda, investigador en Ciencias Sociales y miembro de la Asociación Vecinal ASOVECO del barrio Covaresa

La Federación de Asociaciones Vecinales es miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades


Fuente: Texto: Jesús Ojeda, El Norte de Castilla, 09-12-2014.