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Comunicado de la PECCEM

La PECCEM considera partidista y contraria a la defensa de la salud pública la negativa de la Defensora del Pueblo a recurrir la nueva Ley de telecomunicaciones

Jueves 4 de septiembre de 2014 · 138 lecturas · rss article rubrique


SOBRE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA DEFENSORA DEL PUEBLO, EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, DE TELECOMUNICACIONES PRESENTADA POR LA PECCEM

Desde la PECCEM consideramos que resolución de la Defensora del Pueblo a favor de la constitucionalidad de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, es como mínimo partidista y no se preocupa de garantizar los límites y las medidas de precaución necesarias, solicitadas por las numerosas asociaciones que hemos presentado una sólida y numerosa argumentación científica que alerta de los graves daños a la salud que producirá su aplicación. Consideramos que esta nueva ley pretende claramente facilitar el mínimo control en la implantación en todo el estado español de las redes de telecomunicaciones, en plena extensión de la red 4G.

La Defensora del pueblo reconoce por un lado:

  • La “incertidumbre científica sobre el riesgo” de la exposición a emisiones electromagnéticas de los objetos y artefactos que regula esta ley.
  • Como “muy importante” el Informe Bioinitiative (revisión científica de más de 3.800 estudios científicos que solicitan drásticos recortes de los límites de exposición ante las alteraciones biológicas y los problemas de salud asociados a la contaminación electromagnética) y destaca que esta nueva ley no contempla “las medidas de protección sanitaria, en especial para los colectivos más sensibles” que se desprenderían de la citada revisión científica,

Por otro lado la “Defensora del Pueblo”, entre otros temas:

  • Defiende que la Ley no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva porque el sistema constitucional español prevé que el público pueda pedir su inconstitucionalidad a través del Defensor del Pueblo, cuando el resultado de esta petición ha sido negativo.
  • Falsea la realidad cuando dice que esta ley no excluye potestades municipales y autonómicas:
    • Reconoce y justifica que “el legislador ha buscado atajar algunas prácticas consistentes en que bajo el título de la protección ambiental lo que algunas administraciones han buscado ha sido dejar sin efecto la legislación de telecomunicaciones”, obviando los motivos: la protección de la salud ante unos límites de seguridad considerados obsoletos y que no garantizan la salud según distintas resoluciones de instituciones europeas (Parlamento europeo, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Agencia Europea de Medio Ambiente) y revisiones científicas como las del Informe Bioinitiative.
    • Obvia la contradicción de este argumento con las diferentes sentencias del Tribunal Supremo en las que admite la potestad de ayuntamientos y comunidades autónomas de aplicar las mejores medidas posibles de protección de la salud superando los límites de exposición estatales.
    • Olvida interesadamente que esta ley anula la evaluación ambiental ligada a la licencia de actividad que ahora deja de ser potestad municipal
  • Dice que la vulneración por una ley de tratados internacionales ratificados por España y del Derecho de la Unión Europea no convierten a una Ley en inconstitucional, a pesar de que según la propia Constitución, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.
  • Niega deducir que las personas u organizaciones firmantes de la solicitud de inconstitucionalidad de dicha Ley se hayan dirigido a los Ministerios competentes, ni aportado las respuestas que éstos hayan podido dispensarles, cuando no solo no requirió dicha documentación sino que además rechazó una reunión solicitada por la PECCEM tras presentar su petición, donde se podría haber informado de los múltiples contactos previos de las organizaciones del ámbito de la PECCEM en todos los niveles (municipal, autonómico, estatal, grupos parlamentarios y municipales,…).
  • Comenta que la opinión del Defensor del Pueblo sobre las cuestiones planteadas ha quedado plasmada en informes anuales anteriores, poniendo como ejemplo el informe correspondiente a 2006, cuando ha habido mucha más información científica sobre esta materia en los ocho años posteriores a dicha fecha. Sorprende que si como dice la Defensora del Pueblo, muchos de los estudios planteados eran ya conocidos por la Institución, no haya iniciado hasta ahora de oficio ninguna actuación monográfica relativa a la actuación de las Administraciones públicas en esta materia. También sorprende que para demostrar cómo se informa al público sobre estas cuestiones tenga que remitirse a la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en vez de al de Sanidad, que por competencias debería ser el que realmente interviniera en ese aspecto.

Desde la coordinación de la PECCEM agradecemos las numerosas adhesiones recibidas a esta petición rechazada por la Defensora del pueblo, así como a las mociones municipales contra la nueva Ley General de Telecomunicaciones en más de 46 ayuntamientos de 15 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana), dos diputaciones provinciales (Valladolid y Barcelona) y tres parlamentos autonómicos (Galicia, Navarra y Rioja).

Al mismo tiempo continuamos denunciando esta Ley General de Telecomunicaciones y apostamos por seguir potenciando a nivel internacional, europeo, estatal, autonómico y local normativas proteccionistas de la salud.

Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética - PECCEM

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales - CEAV es miembro de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética-PECCEM