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La Federación informa: Consumo

Informe Previo del CES de Castilla y León sobre el Anteproyecto de Ley por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León

Aprobado por unanimidad el 27 de junio de 2014

Martes 1ro de julio de 2014 · 73 lecturas · rss article rubrique


LA FEDERACIÓN INFORMA

CONSUMO

IP5/14 Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León

  • Solicitante: Consejería de Economía y Empleo
  • Fecha de Entrada: 06/06/2014
  • Fecha de Aprobación: 27/06/2014
  • Trámite: Ordinario
  • Votos de Aprobación: Unanimidad
  • Votos Particulares: Ninguno
  • Ponentes: Comisión de Calidad de Vida y Protección Social

Reproducimos el capítulo de conclusiones y recomendaciones y adjuntamos el documento completo en formato PDF.

V.-Conclusiones y Recomendaciones

Primera.-Las políticas de protección a los consumidores han de estas diseñadas para que se puedan tomar las decisiones adecuadas de consumo y que ayuden a conseguir el objetivo de crecimiento sostenible y eficiente en el uso de los recursos, al tiempo que deben tener en cuenta las necesidades de todos los consumidores.

El Anteproyecto que se informa debe proporcionar a los consumidores un marco sólido de principios y herramientas que les permita tener la información necesaria para manejar una economía inteligente, sostenible e integradora. Además, este marco normativo debe garantizarles la seguridad, la información, la formación, los derechos, las vías de reparación y la participación de manera activa en el mercado. De esta forma los consumidores podrán ejercer su poder de elección y lograr que sus derechos se respeten adecuadamente.

Segunda.-El fomento de los derechos de los consumidores, así como su bienestar, constituyen valores fundamentales para el desarrollo de las políticas en materia de consumo, por lo que es primordial que exista una legislación que se adecúe a las nuevas formas de consumo, así como disponer de unas vías de recurso que sean eficaces.

Tercera.-Con carácter general para los aspectos que regula el Anteproyecto de Ley, nuestra Comunidad ostenta competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del Estado en la materia de “Defensa de los consumidores y usuarios” (artículo 71.15º de nuestro Estatuto de Autonomía, en redacción dada por LO 14/2007, de 3 de noviembre). Ahora bien, no existe una atribución competencial expresa al Estado sobre esta misma materia en la Constitución española, que sí se refiere a la defensa de los consumidores y usuarios como uno de los principios rectores de la política social y económica que deben garantizar los poderes públicos (artículo 51.1).

Al respecto, resulta relevante que “La defensa del consumidor aparece así como un principio rector de la política social y económica cuya garantía la Constitución impone a los poderes públicos. La misma naturaleza de este objetivo, por la variedad de los ámbitos en que incide, hace que, en un Estado descentralizado como el nuestro, esta garantía no pueda estar concentrada en una sola instancia, ya sea ésta central o autonómica. En este sentido, el «derecho del consumidor», entendido como el «conjunto de reglas jurídicas que tienen por objeto proteger al consumidor» (STC 71/1982), difícilmente podrá encontrarse codificado en un conjunto normativo emanado de una sola de estas instancias, siendo más bien la resultante de la suma de las actuaciones normativas, enderezadas a este objetivo, de los distintos poderes públicos que integran el Estado, con base en su respectivo acervo competencial.” (Sentencia del Tribunal Constitucional 88/1986 de 1 de julio, Fundamento Jurídico Cuarto).

Cuarta.-En base a esta consideración de la defensa del consumidor como principio rector, el Estado obviamente ha dictado normas en base a diversos títulos competenciales. Así, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias se dicta con arreglo a una variada serie de títulos competenciales (Tal y como recoge su Disposición Final Primera), dependiendo de la materia que se regule con objeto de la protección del consumidor y usuario, como son los títulos competenciales recogidos en el artículo 149.1 de la Constitución española, ordinales1ª,6ª,8ª,13ª y 16ª.

En este sentido, entiende el CES que la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del Estado de nuestra Comunidad, debe entenderse sólo cuando tal legislación estatal se refiera a materias sobre las que nuestra Comunidad goce de competencias.

Quinta.-Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional 341/2005 de 21 de diciembre señala que “… cabe distinguir dos supuestos de reproducción de normas estatales por las autonómicas, de los que se derivan consecuencias distintas. El primer supuesto se produce cuando la norma reproducida y la que reproduce se encuadran en una materia sobre la que ostentan competencias tanto el Estado como la Comunidad Autónoma. El segundo tiene lugar cuando la reproducción se concreta en normas relativas a materias en las que la Comunidad Autónoma carece de competencias. Pues bien, de acuerdo con la doctrina antes expuesta, mientras que en el segundo la falta de habilitación autonómica debe conducirnos a declarar la inconstitucionalidad de la norma que transcribe la norma estatal (salvo supuestos excepcionales como el aludido en la STC 47/2004, de 25 de marzo), en el primero, al margen de reproches de técnica legislativa, la consecuencia no será siempre la inconstitucionalidad, sino que habrá que estar a los efectos que tal reproducción pueda producir en el caso concreto.”

Sexta.-Con arreglo a todo lo dicho, este Consejo considera dudosa la inclusión en el Anteproyecto de Ley del Título III “Contratación a distancia”, en cuanto que los artículos de dicho Título (17 a 31) vienen a ser traslación y/o reproducción de los artículos 92 a 113 del Título III (“Contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil”) del Libro II del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, dictados en base a las competencias exclusivas que el Estado goza en las materias de legislación mercantil, procesal y civil de los artículos 149.1.6ª y 149.1.8ª (tal y como recoge la Disposición Final Primera del texto Refundido), materias sobre las que consideramos nuestra Comunidad no goza de competencia alguna y que, por tanto, no podrían entrar a ser reguladas por nuestra Comunidad que, a nuestro juicio, sólo puede desarrollar la legislación del Estado sobre consumidores y usuarios en aquellos aspectos sobre los que tiene competencia, como así sí sucede con el resto de artículos del Anteproyecto que informamos, por más que no consideremos una buena técnica legislativa la reproducción de normativa estatal, aunque sea en relación a aspectos sobre los que sí ostentemos competencias.

Séptima.-La protección contra los riesgos para la seguridad es un derecho básico de los consumidores, ampliamente desarrollado en normativa diversa, en la que se concretan las medidas a adoptar en caso de detección de productos inseguros, se desarrollan las obligaciones de los productores y distribuidores con relación a la seguridad de los productos que comercializan, y se crea un sistema de notificación e intercambio de información de productos que puedan entrañar riesgo (Red de Alerta).

El CES considera necesario seguir garantizando la seguridad y la calidad de los productos y servicios que están puestos a disposición de las personas, por lo que se recomienda, a partir de la información que se detecta en la Red de Alertas, coordinar eficazmente la actividad de inspección y control de los productos y servicios.

Octava.-Este Consejo considera necesario que desde la Administración Regional se refuercen e incrementen los controles de calidad de productos alimenticios, industriales y de servicios, dentro de las medidas de inspección, protegiendo cada vez más los intereses de los consumidores y usuarios, coordinándose con los controles nacionales e internacionales.

El CES recomienda que se incremente la transparencia de las actividades de control, para lo que sería necesario informar periódicamente a la opinión pública de las actividades de control realizadas y de sus resultados, cumpliendo en todo caso la legislación de protección de datos al respecto.

Novena.-La información y la educación en el consumo responsable, son factores determinantes para que las personas puedan elegir adecuadamente a la hora de consumir, y afecta tanto a los intereses de los propios consumidores, como a la confianza que éstos tienen en los productos y servicios que circulan por el mercado único, por lo que esta Institución considera que es necesario disponer de un conjunto de instrumentos y redes que permita a todos los consumidores contar con una información amplia y fiable y que, además, contribuya a resolver las dudas y dificultades que pudieran surgirles.

El CES considera necesario garantizar una publicidad veraz y no sexista, que permita al consumidor tener una información real de los productos a los que puede tener acceso.

Décima.-Los sistemas de mediación y arbitraje en consumo permiten resolver fácil y equitativamente las controversias. Teniendo en cuenta que la resolución de conflictos de consumo a través de la mediación es de carácter voluntario para las partes, el CES considera necesario que se desarrollen medidas que animen a las empresas o profesionales a adherirse, de forma unilateral al mismo, ya que, además es un mecanismo gratuito, caracterizado por la eficacia, firmeza e igualdad de las partes.

Undécima.-En materia de protección de los consumidores y usuarios consideramos fundamental la colaboración entre todos los agentes del sistema, como son la Administración Autonómica, los órganos consultivos de consumo, las juntas arbitrales de consumo, las Entidades Locales a través de las oficinas de información al consumidor, las asociaciones de consumidores y usuarios y finalmente, todos aquellos que legalmente tengan asignadas, o se les asignen expresamente, funciones de defensa de los consumidores y usuarios.

Decimosegunda.-Las asociaciones de consumidores y usuarios cumplen un papel de representación y defensa de los intereses de los consumidores. Además, la información que recogen a través de las consultas y reclamaciones supone una importante fuente de datos que puede utilizarse por la Administración para diseñar actuaciones. Por ello, es importante fortalecer la colaboración entre estas asociaciones y la Administración Regional, y que ésta pudiera disponer de unos resultados estadísticos de todas las consultas y reclamaciones que a través de las OMICs y de las asociaciones de consumidores se hacen en Castilla y León, siempre respetando la confidencialidad de las partes que intervengan.

Este Consejo considera necesario que las Administraciones Públicas, en colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios, desarrollen actuaciones que permitan la participación plena y efectiva de las personas consumidoras, de forma que puedan plantear sus dudas, aclaraciones, reclamaciones y denuncias respecto a los productos y servicios, además de desarrollar acciones de formación y asesoramiento para que las personas dispongan de toda la información necesaria en relación al consumo.

Este Consejo considera necesario que las Administraciones Públicas prevean presupuesto económico suficiente para alcanzar los objetivos propuestos en la norma que ahora se informa.

Decimotercera.-La defensa de los consumidores y usuarios constituye uno de los pilares básicos de las políticas de las Administraciones Públicas, poniendo a disposición de las personas consumidoras instrumentos con los que proteger sus derechos e intereses en sus actuaciones como consumidores, dando mayor agilidad en las respuestas, así como soluciones eficaces. Por ello, esta Institución considera necesario promover la generación de espacios de comunicación y debate que fomenten una mayor participación social, ya que pueden ser instrumentos fundamentales para un mayor desarrollo económico, más equilibrado con los intereses de los consumidores.

Decimocuarta.-En relación a lo planteado en la Observación Particular Decimotercera de este Informe, esta Institución considera necesario que la redacción del Anteproyecto (artículo 37) recoja expresamente la presencia paritaria y equilibrada de representantes de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León en el Consejo de Consumidores y Usuarios, lo que viene exigido además, con carácter general para todos los órganos de participación institucional de la Administración Regional, en el Título II de la Ley 8/2008 para la creación del consejo del dialogo social y regulación de la participación institucional.

Decimoquinta.-Desde esta Institución estimamos que es necesario construir un clima de confianza en torno al uso de las TICs tanto para las empresas como para los consumidores, por lo que esta Institución recomienda que las Administraciones sigan trabajando con las empresas y con las asociaciones de consumidores y usuarios regulando la seguridad y privacidad, y protegiendo al consumidor, de modo que las aplicaciones TICs sean más seguras para sus usuarios.

El desarrollo del comercio electrónico en la sociedad de la información, ofrece importantes oportunidades especialmente, para las pequeñas y medianas empresas, por lo que este Consejo considera fundamental apoyar las inversiones en innovación, para lograr llegar cada vez a más personas, incrementando de esta forma la competitividad de las empresas.

El CES considera oportuno que la legislación del Estado que regula el comercio electrónico (en cuanto es el Estado el único que tiene competencias en esta materia) sea innovadora y coherente y esté coordinada lo más posible con las actuaciones que desarrollen las Comunidades Autónomas y que puedan incidir en este ámbito (en lo que puede resultar de importancia lo que al respecto pueda plantear Castilla y León en las correspondientes Conferencias Sectoriales o en el resto instrumentos de cooperación interadministrativa existentes), así como con las legislaciones de los países de nuestro entorno económico. Por ello, estimamos conveniente además que las organizaciones de defensa de los consumidores asuman, si cabe, la mayor importancia en el comercio electrónico, por la cantidad de incertidumbres y lagunas que las TIC pueden provocar en los ciudadanos.


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