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Caso "Edificio Caja Duero" / Fuente: Último Cero

El PSOE desvela una sentencia que el Ayuntamiento ocultaba sobre su responsabilidad en el caso edificio Caja Duero

El Consistorio ha sido condenado a pagar 160.453,59 euros a un particular por los daños y perjuicios que le ocasionó la anulación de las licencias ilegales de remodelación del inmueble

Lunes 28 de abril de 2014 · 85 lecturas · rss article rubrique



COMUNICADO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

24 de abril de 2014

Una sentencia obliga al Ayuntamiento a pagar 160.000 euros por los perjuicios en un ático del edificio Caja Duero

La Justicia asume las reclamaciones de una demandante sobre una de las viviendas afectadas por las obras de restauración de la legalidad

Al coste de las numerosas obras a las que han obligado los tribunales en los últimos años para restaurar la legalidad del edificio de Caja Duero en la Plaza de Zorrilla en el que reside el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, empiezan a sumarse ahora los costes de las indemnizaciones que han ido reclamando los propietarios de las viviendas afectadas por este proceso.

Así, conocemos ahora una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid fechada en octubre de 2013 y que sale a la luz a raíz de la aprobación por parte del Ayuntamiento de una modificación de créditos, la número 2 de 2014, que se lleva a cabo para hacer frente a “gastos por responsabilidad patrimonial”.

A la vista de esta modificación de créditos del Presupuesto municipal, el Grupo Municipal Socialista, que reclamó la documentación a la que hacía referencia, ha podido comprobar que el Ayuntamiento se ha visto obligado a transferir 162.774 euros de una partida correspondiente a Personal, “para hacer frente a los gastos derivados de la sentencia de 4 de octubre de 2013 para la que no existe consignación presupuestaria”.

De esta manera trasciende el fallo de este Juzgado, que estima parcialmente el recurso de la demandante y su derecho a ser indemnizada por el Ayuntamiento en la cantidad de 160.453,59 euros en concepto de daños y perjuicios producidos en una de las viviendas, un ático, que fue parcialmente demolido –perdió 23 metros cuadrados- a raíz de la anulación, por la Sala de lo Contencioso, de la licencia de obras concedida en su día a Edificasa 2000 para rehabilitar el edificio.

Si bien la demandante reclamaba una indemnización mayor –el valor íntegro de una de las viviendas, del portal de la calle Santiago y daños en otra, de la calle María de Molina, en total 707.329,85 euros- finalmente, el Juzgado reconoce únicamente los daños en uno de los pisos, el de la calle Santiago, pero desestima las pretensiones de indemnización del piso de María de Molina, sobre el que el Ayuntamiento, en su defensa, señaló que “la vivienda ha tenido una transformación mínima que no ha generado ningún perjuicio a la parte demandante que deba ser indemnizado”.

La solicitud de indemnización, a la que en vía administrativa el Ayuntamiento ni siquiera respondió (el recurso ante el Juzgado responde al silencio administrativo), es la primera sobre la que se pronuncian los tribunales, pero probablemente no la única.

Así, el Grupo Socialista teme que al millón de euros ya desembolsado por el Ayuntamiento entre proyectos (tres de ellos, que costaron 400.000 euros, rechazados por el tribunal porque no garantizaban el fin perseguido) y obras desde la sentencia inicial que anulaba la licencia urbanística, se añadan más indemnizaciones.

El presidente del Grupo Municipal Socialista, Oscar Puente, entiende que la sentencia ahora conocida –que ya es firme, puesto que no ha sido recurrida- es relevante, dado que el Ayuntamiento asume con ello su responsabilidad, y además, “apunta la dirección que va a tomar este asunto en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, por tanto, económica, del Consistorio, puesto que si por 23 metros se condena al Ayuntamiento a pagar 160.000 euros, se pueden echar cuentas de por cuánto puede salir la indemnización de la demolición de áticos completos”.

Esto confirma, en su opinión, que este asunto, “tal y como ya dijo el PSOE en su momento”, le va a salir muy caro a los ciudadanos de Valladolid, puesto que “quienes tengan intención de reclamar daños y perjuicios, una vez conocida esta sentencia, pueden argumentar que el Ayuntamiento ha reconocido su responsabilidad”.

Puente anunció que su Grupo pedirá al Ayuntamiento toda la información que conste en sede municipal sobre las reclamaciones presentadas por propietarios en vía administrativa, los importes que se reclaman y a qué viviendas corresponden, así como las respuestas que se han dado o van a dar a las mismas desde el Consistorio.