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Contaminación electromagnética

Enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones

Presentada por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA y CHA: La Izquierda Plural

Miércoles 13 de noviembre de 2013 · 171 lecturas · rss article rubrique


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Enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones

Registran enmienda a la totalidad al proyecto de ley de telecomunicaciones para que el gobierno "no dé a los grandes operadores el control del supuesto libre mercado"

El portavoz de Industria del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA advierte de que el texto del Ejecutivo “abandona los más elementales principios de precaución y prudencia que deberían figurar en cualquier iniciativa legislativa destinada a regular ámbitos tan sensibles como la protección de la salud”

El diputado de la Chunta Aragonesista y portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA. La Izquierda Plural en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, Chesús Yuste, ha registrado hoy, fecha en la que cumple el plazo, la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley General de Telecomunicaciones. Esta enmienda se debatirá y votará el próximo jueves 21 de noviembre en el Pleno del Congreso.

Yuste argumenta la necesidad de presentar esta iniciativa parlamentaria en el hecho de que el PP “vuelve a mostrarnos con esta ley cuál es la esencia de su proyecto ideológico: recentralizar a toda costa competencias de ayuntamientos y comunidades autónomas, desregular todo para dejar en manos de los grandes operadores el control del supuesto libre mercado y, todo ello, con el consiguiente e inevitable perjuicio a la ciudadanía. En esta cuestión es especialmente preocupante porque está en juego la prevención de la salud”.

El diputado por Zaragoza detalla que la enmienda a la totalidad se fundamenta en tres cuestiones fundamentales: “El proyecto de ley avanza en la desregulación pública en beneficio de los grandes operadores de telecomunicaciones; se produce otro proceso más de invasión de competencias, tanto locales como autonómicas y, por último, se abandonan los más elementales principios de precaución y prudencia que deberían figurar en cualquier iniciativa legislativa destinada a regular ámbitos tan sensibles como la protección de la salud”.

Chesús Yuste considera que estamos “ante otro ejemplo más de la continuada imposición de los mismos criterios que han enmarcado todas y cada una de las decisiones impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. De nuevo buscan eliminar toda la capacidad pública y retirar a ayuntamientos y comunidades autónomas el poder regulatorio. Su único objetivo es beneficiar la actividad de los grandes grupos privados de telecomunicaciones”.

Como ejemplo de las intenciones que se desprenden del texto original, Yuste advierte de que “el capítulo II se destina íntegramente, con un claro predominio de la posición de las empresas privadas dominantes del sector, a regular los derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, siendo beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y en el establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad”.

Esta ley pretende eliminar la obligación de que sean los ayuntamientos quienes den la licencia, por lo que las empresas ya no la necesitarán. Las competencias municipales en materia de antenas de telefonía móvil, si se aprueba el texto tal y como está redactado, van a desaparecer totalmente. Esto supondría que también se limita al extremo cualquier posibilidad que tengan los vecinos de oponerse a la instalación de dicha antena.

Para el portavoz de Industria de IU, ICV-EUiA, CHA esta ley “consagra la indefensión ciudadana. Las operadoras sólo tienen que pedir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la autorización para colocar antenas en una determinada azotea, que será catalogada como servidumbre de paso especial. Se declara a las operadoras como posibles beneficiarios de la expropiación de bienes en comunidades de propietarios para poder instalar las antenas”.

Además, el proyecto de ley establece que los operadores que explotan redes o prestan servicios de telecomunicaciones (comunicaciones electrónicas), tienen la obligación de verificar que los terceros a cuya disposición ponen su red disponen del correspondiente título habilitante para la utilización del espectro radioeléctrico. En el caso no poseer tal título, los operadores tendrán que denegar el acceso a su red.

Esta nueva obligación, que traslada a los operadores la labor inspectora o de policía que corresponde a la Administración, “resulta contraria a las directivas europeas, en cuanto al principio de neutralidad tecnológica y la desvinculación entre las redes de telecomunicaciones y los contenidos que por estas se difunden. Esta condición creará un gran riesgo de discriminación que perjudicará a las pequeñas operadoras y beneficiará por enésima vez al operador dominante”, avisa Yuste.

El parlamentario aragonés recuerda que diversas plataformas ciudadanas abogan también por la retirada de este proyecto de ley. “Nuestra enmienda a la totalidad –explica- responde a su iniciativa, ya que el texto aprobado no se hace eco de ninguna de las preocupaciones de los ciudadanos y sólo recoge aspectos técnicos para favorecer el despliegue tecnológico con las menores trabas administrativas. Hasta podríamos pensar que este proyecto de ley ha sido redactado por las propias operadoras en base a sus necesidades”.

En el Estado español los riesgos de la exposición a estas ondas están reconocidos en el R.D. 1.066/2001 sobre medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Estos límites se basan en la Recomendación Europea 1999/519/CE, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos, norma totalmente obsoleta, ya que no ha sido revisada desde su publicación, incumpliendo el artículo 7 de dicha ley, que regula que se han de realizar evaluaciones sanitarias de los riesgos por emisiones radioeléctricas.

“Tras más de 12 años no se conoce ninguna evaluación, ni se han tenido en cuenta las resoluciones de otras instituciones como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o la Agencia Europea del Medio Ambiente. Todas ellas han denunciado en diferentes ocasiones que los límites actuales están desfasados y no se han actualizado con las distintas investigaciones desarrolladas desde entonces”, sentencia Chesús Yuste.”

Fuente: Texto, Tercera Información, 13-11-2013.