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No a la ordenanza antisocial

IU pide un informe sobre la nueva ordenanza "antivandálica" en el primer año de vigencia

"Con la norma aprobada hace un año se ataca el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación y, sobre todo, se criminaliza la pobreza"

Domingo 17 de marzo de 2013 · 45 lecturas · rss article rubrique


El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Valladolid ha solicitado al presidente-delegado de la Comisión de Presidencia, Seguridad, Movilidad y Desarrollo Sostenible, Manuel Sánchez Fernández, la elaboración de un informe sobre la aplicación de la ordenanza denominada como "de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actividades Antisociales", más conocida como "antivandálica" o "antisocial", y que el pasado 6 de marzo cumplió un año de vigencia.

"Es una práctica frecuente de buena administración evaluar los resultados cada cierto tiempo de las normas aprobadas, y conocer así hasta qué punto han podido contribuir al cumplimiento de los fines que las motivaron y advertir igualmente de los posibles errores o efectos nocivos que hayan podido generar", han explicado miembros de la coalición a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En este sentido, Izquierda Unida ha reconocido que se dispone de las informaciones que se contienen en la Memoria de la Policía Municipal (aunque aún no se ha publicado la de 2012), y también de algunos datos publicados en la prensa sobre "alguno de los puntos más controvertidos de la nueva ordenanza, como es el que se refiere a las multas a mendigos". Sin embargo, la coalición apunta que "se trata únicamente de datos, y sólo sobre algunos aspectos parciales".

Para IU resulta "necesario" conocer la información completa y su evaluación técnica, con el objetivo de valorar políticamente el impacto de la nueva norma.

A través de un comunicado remitido a Europa Press, IU ha recordado además el recurso que presentó con otras 26 organizaciones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), por entender que algunos de los artículos aprobados eran "inconstitucionales".

"Con la norma aprobada hace un año se ataca el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación y, sobre todo, se criminaliza la pobreza", concluye el comunicado.


Fuente: Texto, El Día de Valladolid, 17-03-2013.