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Opinión: Jorge Félix Alonso

"Los servicios sociales de Castilla y León, en la encrucijada"

"Reducir las prestaciones de la Dependencia es excluir de los servicios sociales a todos aquéllos que no estén reconocidos como dependientes"

Lunes 28 de mayo de 2012 · 159 lecturas · rss article rubrique


Hay dos decisiones políticas que van determinar hacia dónde van los servicios sociales en Castilla y León: La reforma que va acometer el actual gobierno de España de la ley de la Dependencia y la decisión de la Junta de Castilla y León de limitar la cobertura de los servicios sociales a las prestaciones y servicios que se puedan recibir de la Dependencia.

El Gobierno de España ya ha anunciado que va modificar la ley de la Dependencia para hacerla más “sostenible económicamente”, pero esto no es más que un eufemismo, para ocultar que se van a reducir los beneficiarios o las cuantías de las prestaciones. Por las declaraciones realizadas, los cambios van a consistir en eliminar los dos niveles que tiene cada grado. Es decir, se van a rebajar dos escalones en el reconocimiento del grado de dependencia, lo que supone expulsar a los dependientes moderados que, en Castilla y León, son nada menos que 20.000. De hecho, a estas personas ya se les ha congelado su acceso a las prestaciones hasta del año 2014, y con la reforma del Gobierno de Rajoy nunca llegarán a recibir las prestaciones.

La reforma, o mejor dicho, los recortes anunciados van a suprimir la atención en el entorno familiar, para obligar a que los dependientes sean atendidos en centros de día o en residencias. Pero hay que recordar que las plazas públicas en Castilla y León son pocas, por lo que, si se quiere recibir atención, habrá que acudir a un centro privado, y dado que las ayudas que se abonan por la dependencia son pequeñas en relación con el coste, las personas dependientes, o su familia, deberán pagar una cantidad importante. Así que, esta medida va a dejar fuera del sistema, por razones económicas, a una parte importante de las personas dependientes.

La decisión de la Junta de que todos los beneficiarios de los servicios sociales lo sean porque son dependientes reconocidos, y que copaguen los servicios que reciban con las prestaciones de la dependencia, supone que todos aquellos que no tengan reconocida la dependencia serán excluidos de recibir prestaciones de los servicios sociales. Esta medida es un claro retroceso, porque los servicios sociales no son sólo prestaciones asistenciales (centros de día o residencias); son también prevención de las problemáticas sociales, son inserción social, lo que permite llevar una vida normalizada con otras personas, y son actividades con el resto de la comunidad, para evitar la exclusión social. Este tipo de actuaciones de los servicios sociales no se pueden desarrollar a través de las prestaciones de la Dependencia. En definitiva los servicios sociales son mucho más que la Dependencia, o dicho de otra manera la Dependencia es sólo una parte de los servicios sociales.

Los servicios sociales no sólo son la atención personalizada: son todo aquello que se recoge en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, en su artículo 7: universalidad, igualdad efectiva, solidaridad, prevención, atención integral etc.
Hasta ahora una parte importante de las actividades de prevención, inclusión social o acción comunitaria las están desarrollando las asociaciones. Esto es posible porque la Junta subvenciona estas actividades, aunque de forma insuficiente. Si a partir de ahora se suprime esas subvenciones, y además, para recibir las prestaciones asistenciales, los dependientes y sus familias tienen que pagar más, las asociaciones van a carecer de capacidad económica para mantener sus actividades, y se producirá un gran retroceso social. Es más, aparecerán ofertas de prestaciones asistenciales del sector privado, que competirán en precios con las asociaciones, lo que las debilitará todavía más, con lo que también debilitaran los servicios sociales.

En conclusión: reducir los servicios sociales a las prestaciones de la Dependencia, es excluir de los servicios sociales a todos aquellos que no estén reconocidos como dependientes, es no prevenir la drogadicción; es no lograr que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de una vida plena como el resto de ciudadanos; es que a las personas mayores se les recluya en sus casas; es que se deje de trabajar con las familias en riesgo de exclusión; es que a las minorías étnicas se las mantenga al margen de la sociedad mayoritaria.

La atención a las necesidades individuales de las personas debe compatibilizarse con otras actuaciones, porque lo contrario no son servicios sociales.
La reforma o recorte que se está haciendo con los servicios sociales en Castilla y León, nada tiene que ver con la coyuntura económica que vivimos, sino con el modelo de servicios sociales que se quiere crear.

En Castilla y León se está produciendo un giro de 180 grados sobre cómo se prestan los servicios sociales. El Gobierno de Herrera pretende imponer ese retroceso con su mayoría absoluta. Pero lo que está en juego es el futuro de los servicios sociales, y algo tan importante, requiere un amplio debate social, en el que participen todos los sectores implicados: afectados, profesionales, asociaciones, políticos y agentes económicos y sociales.

Jorge Félix Alonso
Portavoz socialista de política social en las Cortes de Castilla y León


Fuente: Texto: Jorge Félix Alonso, El Norte de Castilla, 25-05-2012.