Contactar | asociaciones | Mapa del sitio | Sitios Web | listas correo | webmail | Facebook | Twitter | Canal Youtube | cavecal | ceav | RSS

Portada del sitio > Áreas > Solidaridad y ciudadanía > Díptico «No a la ordenanza antisocial»

Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertadas

Díptico «No a la ordenanza antisocial»

El Ayuntamiento atropella los derechos fundamentales de los vallisoletanos endureciendo la normativa municipal

Martes 31 de enero de 2012 · 355 lecturas · rss article rubrique


El Ayuntamiento atropella los derechos fundamentales de los vallisoletanos endureciendo la normativa municipal

No estamos ante algo nuevo. Valladolid fue la primera ciudad española en imponer una ordenanza antisocial. Como respuesta a aquella agresión, en el año 2004, se creó el denominado FORO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, compuesto por diversos colectivos de Valladolid. La lucha de aquel Foro y la de la Federación de Asociaciones de Vecinos, apoyada por la ciudadanía, logró derogar numerosos puntos de dicha normativa, a través de dos sentencias hechas públicas en diciembre del 2006. Más allá de lo que dijeron los tribunales, la ciudad tomó conciencia de la fuerza que podemos tener todos juntos.

Ahora, el Ayuntamiento vuelve a la carga con una nueva ordenanza más dura que, además de incluir artículos nuevos que añaden más prohibiciones, reintroduce de soslayo los artículos anulados por las sentencias del 2006, pisotea derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, y entra a regular materias y conductas sobre las que no tiene capacidad legal.

Entre otras restricciones, se ataca al libre ejercicio de la libertad de expresión (pancartas, carteles, folletos, pegatinas, etc...), pone restricciones al derecho de reunión y manifestación (p. ej. permanencia en calles y plazas...) y criminaliza la pobreza (mendicidad y vivir en la calle).

Este tipo de normativas locales sólo pueden ser comprendidas dentro de un escenario global más amplio: progresivo empobrecimiento y pérdida de derechos de la población, con el correspondiente descontento y conflictividad sociales. Es en este contexto donde surge una ordenanza destinada a asfixiar económicamente a las personas y organizaciones que alzan la voz contra el modelo económico y social causante de dicho escenario de desastre global. De paso, las cuantiosas multas (de hasta 3.000 €) sirven para aumentar la recaudación de las arcas municipales.

Como no pueden suprimir derechos básicos recogidos en la Constitución, ya que se evidenciaría la farsa democrática, lo que están haciendo es eliminarlos de facto e ilegalmente mediante este tipo de normativas locales. Por ejemplo, no estaría bien visto suprimir el derecho de reunión recogido en la Constitución, pero en la práctica es restringido en sus diferentes formas a través de esta normativa, al someterlo inconstitucionalmente a autorización municipal. Mediante ella se restringe la capacidad de convocatoria de manifestaciones, se impide el uso de la vía pública para usos sociales e informativos, se prohíben acampadas reivindicativas, no se permite que haya más de 20 personas reunidas, etc...). Tampoco estaría bien visto reintroducir el delito franquista de “escándalo público”, pero lo hace a su manera a través de códigos de vestimenta o penalizando la desnudez.

Además, esta “ordenanza-trampa” mezcla de forma malintencionada la actividad de los movimientos sociales, con cuestiones de vandalismo, equiparando por ejemplo la realización de una acampada reivindicativa, con arrancar árboles o romper equipamientos urbanos.

Por todo esto hemos creado la “Plataforma ciudadana en defensa de las libertades” con el fin de oponernos a este nuevo atropello a los derechos y a las libertades.

Concretando un poco más, estos son algunos de los atropellos de la nueva ordenanza:

Vulnera o restringe derechos fundamentales

El derecho de reunión y manifestación:

El Ayuntamiento pretende limitar y poner trabas a un derecho tan fundamental dificultando el uso de espacios públicos e imponiendo obligaciones de muy difícil o imposible cumplimiento a los convocantes. Prohíbe reuniones y concentraciones permanentes como acampadas reivindicativas, etc... pudiéndose sancionar con hasta 3.000 €. Con la nueva ordenanza, la acampada del 15M en Fuente Dorada, se vería hoy seriamente reprimida.

El derecho de huelga:

Obstaculizando la realización de piquetes informativos en una huelga general o cualquier conflicto laboral, y castigándolo con hasta 3.000 €, bajo pretextos como “impedir el normal tránsito peatonal o de vehículos” o “el impedimento del uso de un servicio público”.

La libertad de expresión:

Prohibiendo los medios de expresión en la calle, tales como carteles, pancartas, folletos en los parabrisas, etc, y en todo caso restringido a “lugares autorizados” la difusión de propaganda social, sindical o política. Cualquiera de estos medios de expresión pueden ser multados con hasta 750 €. Realizar una pintada o mural reivindicativo, por ejemplo, puede sancionarse con hasta 1.500 €, y aunque se haga con permiso del propietario de la pared, el Ayuntamiento puede oponerse. Se priva así de los medios que muchos colectivos e individualidades tienen como único recurso para expresar sus ideas, pensamientos u opiniones.

El derecho a la propia imagen:

Prohibiendo andar en bañador, semi-vestido o desnudo. Imponen su propio concepto de moralidad estableciendo cuál debe de ser la forma correcta de vestir, además de dejar a criterio de un agente si es correcto o no algo tan subjetivo.

Además, en una ciudad no costera donde no se suelen dar este tipo de conductas, entendemos que este artículo está sobre todo destinado a restringir posibles actos de protesta que utilicen la desnudez como forma de expresión. Un ejemplo es la manifestación ciclonudista que todos los años reivindica los derechos de los usuarios de la bici en la ciudad.

Prohíbe la práctica de deportes que conlleven un riesgo para la propia persona en espacios públicos:

Vulnerando la libertad de hacer uso del propio cuerpo, ya que el que asume un riesgo es el propio individuo, y nuevamente dejándolo a la subjetividad de un agente, pudiendo multar cosas tan absurdas como “hacer el pino” o andar en monopatín.. Y obligando, para determinadas actividades, a utilizar instalaciones en las que hay que pagar aunque sean publicas.

Criminaliza la pobreza

Prohibiendo y sancionando no sólo la mendicidad sino cualquier ofrecimiento de objeto o servicio a las personas que se encuentran dentro vehículos.

Triste situación en la que no se verán los legisladores, pero a la cual se ven abocadas cada vez más personas debido a la precaria situación social. Pudiendo sancionarse con hasta 1.500 €, ¿cómo podría hacer frente a esta sanción alguien que se haya visto obligado a pedir o a limpiar parabrisas?

Criminalizar por pedir es incitar a delinquir para sobrevivir.

Criminalizando la situaciones más precarias como el uso de caravanas y similares, prohibiendo habitar en ellos. Bastante indefensión sufren ya estas personas. Claro que convertirlas en objeto recaudatorio es una buena inversión de futuro a la velocidad que van los desahucios por hipotecas.

Se salta las sentencias del 2006 reintroduciendo artículos anulados

  • Imposición de obligaciones a los convocantes con el fin de dificultar el derecho de reunión y manifestación.
  • Prohibición de reunión permanente (acampadas), el chabolismo y el vivaqueo.
  • Vuelve a penalizar difusión de ideas, pensamientos y opiniones al no distinguir la propaganda socio-política de la publicidad comercial.

Crea deliberadamente un marco normativo extrajurídico

  • Somete a una inconstitucional autorización previa el ejercicio de derechos fundamentales.
  • Define de forma ambigua las prohibiciones para que un mayor número de conductas o actos sean sancionables y crear así, inseguridad jurídica.
  • Introduce criterios morales al prohibir lo que otros consideran una ofensa a sus ideas.
  • Califica con el antijurídico, discriminatorio e ideológico término de “conducta antisocial” lo que es simplemente una “infracción” de una norma.

Si “conducta antisocial” es reivindicar un modelo de ciudad diferente, en el que los habitantes de Valladolid podamos vivir libre y responsablemente en nuestra ciudad, nosotros reclamamos nuestro derecho a ser antisociales.

Por todo ello nos oponemos a esta nueva ordenanza y a todos sus atropellos contra la libertad

! NO A LA ORDENANZA ¡