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Por las libertades

Alegaciones de la Federación a la modificación de la "Ordenanza de protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales"

Presentadas el 12 de diciembre de 2011

Martes 20 de diciembre de 2011 · 226 lecturas · rss article rubrique


AL ALCALDE DE VALLADOLID

D. PABLO ANDRÉS GERBOLÉS SÁNCHEZ, titular del Documento Nacional de Identidad número, en nombre y representación como su Presidente de FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS Y CONSUMIDORES DE VALLADOLID ANTONIO MACHADO con domicilio en Valladolid calle Andrés Laorden s/n, ante el ALCALDE DE VALLADOLID comparece y DICE:

En Boletín Oficial de la Provincia de fecha 4 de Noviembre de 2011 somete a exposición pública por término de 30 días la modificación de la Ordenanza de protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales.
Que dentro del plazo conferido, por medio del presente escrito y en base al contenido del artículo 49 letra b de la ley 7/1995 de 2 de Abril reguladora de las Bases del Régimen Local vengo a efectuar las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- SOBRE LA DENOMINACIÓN DE LA ORDENANZA

A pesar de denominarse Ordenanza sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, lo cierto es que no todo el contenido de la ordenanza se refiere a esto.

Por ejemplo, el hecho de que para instalar una pancarta (por ejemplo para un evento deportivo) haya de solicitarse permiso del Ayuntamiento ni altera la convivencia social ni es una conducta antisocial, antes al contrario.

Considerar actuaciones antisociales el ejercicio de los derechos constitucionales como el de expresión, asociación o reunión regulados por la ordenanza parece una contradicción. Por otro lado declara incívicos y conducta antisocial los actos comerciales de publicidad y propaganda.

Como propuesta la Ordenanza podría denominarse, conforme a las finalidades de su contenido: “Ordenanza municipal de medidas para el fomento y garantía de la convivencia ciudadana y de la protección de los bienes públicos y el mobiliario urbano”.

Esta ordenanza no es más que una cortina de humo. La ordenanza habla de comportamientos incívicos, convirtiendo esta categoría en un cajón de sastre donde cabe todo, habla de problemas de suciedad, pero en realidad lo que pretende es criminalizar y perseguir todas aquellas actividades que no encajen en el modelo de ciudad-empresa (ciudad productiva) que se quiere construir. En el fondo la ordenanza no es más que una reglamentación para limpiar la ciudad (limpiarla de pobres y de disidentes). Hablamos más de cinismo que de civismo. La ordenanza despolitiza la crítica calificándola de infracción. Se trata de separar al buen ciudadano del mal ciudadano. Y es mal ciudadano el que orina en la calle como el que cuelga una pancarta; para la ordenanza, son casos equivalentes.

Al margen de ello, y desde el punto de vista gramatical, no entendemos el motivo por el cual cada una de las palabras se inician con mayúscula.

SEGUNDA.- SOBRE EL CONTENIDO DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS

La ordenanza se marca como objetivo prioritario muy economicista cuando dice que su “preocupación son los gastos de reparación cada vez más importantes que distraen la dedicación de recursos municipales a otras finalidades y, al tener que ser afrontados por el Ayuntamiento, debería centrarse en sancionar los aspectos relacionados con los daños a los bienes”.

Realmente la reparación de daños por efecto de las infracciones, según la memoria de la policía no parece que sean muy altos, pues el número de deterioros y daños al mobiliario solo recoge 68 casos.

Por otra parte, ese objetivo que se marca en la exposición de motivos no es congruente con un montón de artículos, que realmente no regulan acciones vandálicas en sí, sino ejercicio de derechos fundamentales. Esta actuación genera una DESVIACION DE PODER, pues el contenido de la ordenanza se aparta de la justificación expuesta en la exposición de motivos (justificación necesaria a efectos del control judicial de la eventual arbitrariedad de la norma), respondiendo a otro fin distinto como es la limitación de derechos fundamentales. El Ayuntamiento no está persiguiendo el fin oficialmente expuesto o confesado sino otro fin distinto, y ejercitándose potestades administrativas para fines distintos a los fijados en el ordenamiento jurídico surge la desviación de poder, que es un vicio de nulidad. Sentencia Tribunal Supremo 17 de marzo de 1993.

TERCERA.- VULNERACIÓN DE LA EXISTENCIA DE NORMA LEGITIMADORA PARA SANCIONAR

El fundamento legitimador legal de esta ordenanza es la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, que añade a la Ley 7 /1985 reguladora de las bases de régimen local los artículos, en lo que aquí respecta, 139 a 141.

Como indica la Exposición de Motivos de la meritada Ley, se trata de colmar una laguna legal en materia de potestad sancionadora municipal en esferas sin apoyatura legal sectorial, de acuerdo con el principio de legalidad en el ámbito sancionador.

Por lo tanto, cualquier regulación en la materia que exceda de la regulación de la norma legal legitimadora carece de apoyatura legal por ausencia de norma legal legitimadora para sancionar.

Pues bien, la legitimación legal establecida en el artículo 139 de la LBRL alcanza a las relaciones de convivencia de interés local y el uso de servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos .

De esa legitimación legal, la ordenanza de Valladolid se acoge a actuaciones perturbadoras de la convivencia ciudadana y protección de elementos (bienes, instalaciones...) que formen parte del patrimonio urbanístico.

A.- Sin embargo, la ordenanza regula más allá de su norma legitimadora en los siguientes preceptos:

1. Artículo 2.3 en lo referido a elementos de titularidad privada. Los bienes de titularidad privada no son ni equipamientos, ni servicios ni infraestructuras ni instalaciones ni espacios públicos, por lo que no se encuentra incluido en el ámbito legitimador del artículo 139 de la LBRL y no cabe regulación sancionadora por parte de la administración municipal en base a dicho precepto

2. Consecuentemente con lo anterior, el ayuntamiento carece de legitimidad para sancionar en lo referido a las actuaciones recogidas en el artículo 5 en bienes privados: no puede prohibir por ejemplo que una persona (en su domicilio o en su establecimiento comercial) coloque elementos de publicidad en elementos privados. Por ejemplo, publicidad en un establecimiento hostelero de unos menús especiales.

3. El ayuntamiento asimismo carece de legitimidad para sancionar las actuaciones recogidas en el artículo 6 en bienes privados (pintadas). El titular de dichos bienes habrá de actuar respecto a la persona o personas que hayan podido alterar su propiedad privada

4. Respecto de la fijación de carteles (artículo 7.3) en elementos privados, asimismo el ayuntamiento carece de legitimidad no sólo para sancionar, sino para autorizar: estamos hablando de propiedad privada. Por ejemplo: instalar un cartel de “se vende”.

5. Lo mismo ocurre respecto del artículo 13.2: ruidos y olores. No se encuentra legitimación legal para regular de modo sancionador por el ayuntamiento el ámbito de actuación privada en la intimidad de tu hogar.

Como la administración municipal carece de norma legitimadora en materia de sanción en los preceptos mencionados, se vulnera el principio de legalidad y las sanciones que se impongan devendrán nulas.

Independientemente de que determinadas acciones (pintadas, por ejemplo) puedan ser repudiadas por todos, ello no es óbice para que la administración sancionadora obtenga un fundamento legitimador y no sancione con vulneración de derechos de los ciudadanos (o lo haga con poca posibilidad de prosperar). En este caso el artículo 33 de la Constitución, derecho a la propiedad privada.

Las potestades que se otorgan a los municipios han de ejercerse siempre respetando la jerarquía normativa, que impone su subordinación a las leyes estatales o de la comunidad autónoma correspondiente. Dicho de otro modo, los Ayuntamientos no pueden regular por ordenanza las materias reguladas por esas leyes. Y en la Ley de Urbanismo de Castilla y León se cita como complemento a la ley el planeamiento urbanístico y no las ordenanzas. Al menos en lo referido a los propietarios de dichos bienes inmuebles.

La cobertura legal genérica la tiene la ordenanza siempre que respete las limitaciones establecidas en los artículos 139 a 141, por lo que los artículos que afectan a patrimonio privado o en el ámbito privado vulneran ese principio .

B.- Tampoco la Ley de Bases regula restricciones ideológicas, ni da cobertura legal a las limitaciones que en la ordenanza se regulan y que afectan a los derechos fundamentales de las personas, la libertad de reunión, la libertad a elección de la propia imagen,, la libertad de manifestación, la libertad de reunión, por lo que se infringe el principio de legalidad sancionadora establecido en el artículo 25.1 de la Constitución española .

CUARTA.- VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONCRECIÓN DE LAS ACCIONES SANCIONABLES

Además del principio de legitimación legal, otro de los principios fundamentadores del procedimiento sancionador es la concreción de las actuaciones objeto de regulación sancionadora. El Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 12 de septiembre de 2005 refuerza el mandato de taxatividad al poder reglamentario, según el cual han de configurarse las normas sancionadoras llevando a cabo el máximo esfuerzo posible para garantizar la seguridad jurídica, es decir, para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo prohibido y prever, así, las consecuencias de sus acciones.

LA REGULACIÓN INCONCRETA O CON TÉRMINOS GENÉRICOS HACE QUE DICHO PRECEPTO DEVENGA INAPLICABLE DE HECHO . Así:

  • Artículo 5: El precepto sanciona “cualquier otra actividad que degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino. ¿qué actuación de las relatadas en el precepto ensucia, degrada o menoscaba su estética? ¿cuál es el uso y destino normal?. Por entendernos: un cartel publicitario en el escaparate de un establecimiento comercial que anuncie por ejemplo una oferta especial o las rebajas, ¿supone un uso normal del escaparate? ¿menoscaba su estética? ¿dependerá de la calidad de la publicidad?
  • Artículo 10.3 letra a): Usar indebidamente las praderas y las plantaciones en general. Hay que especificar ese “indebidamente”, pues es muy impreciso y podría dar a muchos equívocos; ¿lo que pretende ese prohibir sentarse en los parques, pisar la hierba?
  • Artículo 11: El precepto termina sancionando "todo lo que deteriore su estética o entorpezca su uso", sin que quede concretado a qué se está refiriendo. ¿Echar un pañal de bebé o excrementos sólidos de animales entorpece el uso de una papelera?
  • Artículo 13.2: No se termina de concretar cuál es el volumen que exige la tranquilidad pública o el horario que excede de los límites. ¿Nos estamos remitiendo a volumen regulado en la ordenanza del ruido? ¿el criterio de lo que afecta o no a la tranquilidad la determinan los vecinos afectados? Debería precisarse, como se mide la cantidad de olores, los tipos de olores y como se mide el perjuicio a cada persona. Para que los agentes de la autoridad sepan cuando pueden poner la sanción. ¿Quién determina el carácter molesto de un olor? ¿cocer coliflor, por poner un ejemplo, es molesto?
  • Artículo 16 Apartado 7. “Salvo en los lugares y situaciones previstas al efecto, debidamente autorizadas, se prohíbe la práctica de deportes o actividades que comporten riesgo para la vida o integridad de los participantes o de otras personas”. Debería definirse que tipos de deportes y actividades prohíbe, pues queda muy abierta la casuística a muchos deportes, al tipo de edades de los practicantes, a la percepción del riesgo o a la propia reclamación por daños causados.
  • Artículo 17: ¿Qué es mantener en condición de ornato público un edificio? ¿qué trabajo debe hacerse para mantener las condiciones de decoro de un edificio? ¿quién determina las condiciones de ornato o decoro? ¿puede tener decoro un edificio?

QUINTA.- IMPOSICIÓN DE SANCIONES A CONDUCTAS NO TIPIFICADAS

Principio de la potestad sancionadora de la Administración es que la sanción sea impuesta respecto de conductas previamente tipificadas.

Pues bien, el artículo 23 letra b) sanciona como infracción muy grave impedir u obstaculizar de forma grave y relevante el normal funcionamiento de un servicio público y 24 letra a) refiere como infracción grave obstaculizar el normal funcionamiento de un servicio público.

Sin embargo, no se tipifica en el articulado en lo que respecta a los servicios públicos más que la norma general recogida al artículo 4.2, que indica que se usarán los servicios públicos conforme al destino de los mismos. Nada se indica acerca de la obstaculización o del impedir su funcionamiento.

Aunque las sanciones vengan calificadas en la ordenanza conforme establece la Ley habilitadora, debe hacerse constar en su texto las acciones concretas que constituyen infracción, SO PENA DE NULIDAD.

SEXTA.- SOBRE LA NO EXPLICITACION DE LOS CARTELES O FOLLETOS SANCIONADOS POR LA ORDENANZA (ATICULOS 7 Y 8)

Como tiene sentenciado el Tribunal Superior de Justicia, la limitación buscada en la colocación de carteles, adhesivos y otros elementos similares regulados en el artículo 7, asi como, la prohibición de esparcir folletos y octavillas del articulo 8 de la ordenanza no busca tanto una restricción general al derecho de libertad de expresión sino referida a la expresión o difusión de actuaciones comerciales o mercantiles , es decir, referida a la regulación. NO A LA LIBRE DIFUSIÓN DE IDEAS, PENSAMIENTOS Y OPINIONES , que es el ámbito del artículo 20 de la C E, cuanto al de la publicidad comercial, productiva o empresarial”.

Sin embargo, sorprendentemente y en una actitud que bordea el incumplimiento de Sentencias judiciales, el Ayuntamiento mantiene la redacción de esos preceptos, sin especificar con claridad que se refieren a PUBLICIDAD COMERCIAL conforme establece el Tribunal Superior de Justicia.

Manteniendo esta redacción el poder municipal niega toda política más allá de sí mismo, considerando a la disidencia y a los movimientos como realidades inexistentes, asimilados a empresas que anuncian productos o a fuentes de suciedad. La lucha política es así desplazada en lo simbólico, ya que la administración reprime aquellas manifestaciones políticas que le son molestas con herramientas completamente despolitizadas, con normativas de limpieza y publicidad. El derecho de manifestación, de reunión pueden quedar intacto, pero no se pueden convocar los actos, porque los carteles ensucian. El problema no es ya si te puedes manifestar o no, sino que eres un guarro.

SEPTIMA.- SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA MENDICIDAD COMO CONDUCTA SANCIONABLE (ARTICULO 15)

En el 15 se establece que queda prohibida la mendicidad en vías o espacios públicos y ofrecer a personas dentro de coches servicios u objetos.

La mendicidad pasa a ser falta leve (porque el artículo 25 que sanciona subsidiariamente el incumplimiento de la ordenanza) y por lo tanto sancionable con hasta 750 euros. Lo agentes deben informar a los mendigos de dependencias y centros asistenciales, y si se resisten pueden desalojarlos.

Si la mendicidad se hace con actitudes coactivas o de acoso o impidan el tránsito es infracción grave. Y si se hace con utilización de menores o personas con incapacidad, muy graves.

Entendemos que la respuesta municipal afecta negativamente a los derechos de personas y colectivos que, en buena parte, están situados en la marginación y la exclusión social; colectivos carentes de recursos económicos, cuando no directamente pobres, que viven en condiciones de grave precariedad en cuanto no pueden satisfacer las necesidades humanas de una manera digna.

Nadie duda de la capacidad sancionadora de los ayuntamientos, pero deben ajustarse estrictamente a la legalidad vigente. El Ayuntamiento, en su impulso sancionador, ha ido más allá de los límites. La sanción de la mendicidad, se sitúa, injustificadamente, en contradicción con el derecho que tienen los ciudadanos a transitar por la ciudad y el uso correcto de las vías y espacios públicos.

Si hablamos de la mera mendicidad, se trata, por lo tanto, de infracciones administrativas de extraordinaria levedad, por lo que resulta desproporcionado tanto en el ejercicio de las competencias municipales como en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Y respecto de las infracciones relativas a la mendicidad que se califican como grave o muy grave, en realidad son acciones que suponen infracciones penales leves que sólo podrían perseguirse ante la jurisdicción penal si los ofendidos lo denunciasen.

En este sentido, entendemos que el Ayuntamiento carece de legitimación para sancionar administrativamente estas conductas. El ayuntamiento carece de legitimación para imponer medidas restrictivas de derechos, reservadas para el castigo de los delitos y faltas.

OCTAVA.- SOBRE LAS “AUTORIZACIONES” PARA UTILIZAR LAS VIAS PUBLICAS (ARTICULO 16.3)

La Ordenanza vulnera el artículo 21.2 de la Constitución y la Ley Orgánica 9/1983. En efecto, sanciona el uso de las vías públicas que generen una dificultad de tránsito peatonal o de vehículos “salvo autorización”, cuando no se precisa autorización alguna para el ejercicio del derecho de reunión y sí, simplemente, la comunicación a la Subdelegación de Gobierno.

NOVENA.- SOBRE LA REGULACION DEL DESNUDO (ARTICULO 16.6)

Las competencias de regulación que la Ley de Bases de Régimen Local otorga a los ayuntamientos sobre las libertades ciudadanas se limitan a los daños físicos y nunca a los morales y menos aún a los de características estéticas, siendo así que sus competencias sobre la estética se limitan exclusivamente a las de índole urbana. Es decir el ayuntamiento puede impedir que un ciudadano pinte su fachada de otro color o coloque algún artilugio disonante en la fachada, pero no puede impedir que se pinte a sí mismo de verde y con un sombrero en forma de parabólica se dedique a pasear por las calles.

Aparte de la indefinición del concepto “ropa suficiente” (suficiente para qué o para quién?) o “ir semidesnudo”, o “respetar unas mínimas pautas sociales”, que sin duda creará inseguridad jurídica, hay literatura jurídica suficiente para concluir que un ayuntamiento, ni ningún poder público, pueden intervenir para determinar la vestimenta de los ciudadanos en los lugares públicos.

La modificación parece que se base en el establecimiento de un inexistente e imposible “derecho a no ver lo que a algunos ciudadanos les desagrade o moleste” . Este nuevo derecho a no ver es una clara discriminación hacia todo lo diferente, hacia cualquier minoría. No es conceptual ni legalmente distinto al desagrado que se produce en las personas racistas o el que mucha gente sufre al ver personas con peinados punkis, piercings, tatuajes, o personas gordas, feas o con discapacidades evidentes. Ya sabemos a que ha conducido en el pasado europeo esta criminalización del diferente, de lo diferente.

El derecho a mostrar la imagen que uno desee de si mismo está garantizado por el artículo 18.1 de la CE, y el 19 garantiza el derecho a circular por el todo el territorio nacional.

En nuestra sociedad actual todos sabemos que la vestimenta o un nudista no altera el orden público, sino que en todo caso y en muchas ocasiones son otros, aquellos que consideran que sus convicciones son más importante que los Derechos Fundamentales y que la misma democracia base de nuestra sociedad, los que pueden alterar el orden público.

Un tipo de regulación así llevada a su extremo mediante denuncias ciudadanas pidiendo que se aplique esta ordenanza, conduciría a la uniformidad en la manera de vestir de todos los ciudadanos. Es evidente que un creyente musulmán consideraría desnudez parcial desde la mera exhibición de la cara, en los casos más fundamentalistas, o como mínimo las faldas cortas o mangas cortas en el caso de los más liberales.

No existe en la actualidad ninguna duda de que los poderes públicos no pueden intervenir en materia de vestimenta de los ciudadanos en lugares públicos y es nulo de pleno derecho cualquier precepto que contravenga la legislación y jurisprudencia tras la derogación del delito de escándalo público. Hay informes de la defensora del pueblo vasco, del andaluz y del diputado del común de Canarias que así lo expresan. T el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en sentencia 289/99 declara la incompetencia de los ayuntamientos para declarar (o no) playas como nudistas.

El naturismo es la actitud o práctica de quienes sostienen que la desnudez completa es conveniente para un perfecto equilibrio físico e incluso moral, y por lo tanto está protegido por el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la discriminación también por motivos de opinión, o el 16, que garantiza la libertad ideológica; y sobre todo el artículo 18.1 de la Constitución que sostiene el derecho a mostrar la imagen de uno mismo que uno desee.

DECIMA.- SOBRE LA PROHIBICION DE ACAMPADAS (ARTÍCULO 18.3)

La norma (la extensísima norma) vulnera la Ley orgánica del derecho de reunión Ley Orgánica 9/1983, exigiendo autorización expresa municipal en acampadas sin excluir las que deriven del ejercicio del artículo 21 de la Constitución, derecho constitucional de reunión (qué otras acampadas hemos visto si no en Valladolid y qué otras acampadas si no generan la introducción de este absurdo artículo…), cuya competencia no es del Ayuntamiento, como ya ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en reiteradas resoluciones que, por conocidas por el propio Ayuntamiento, no es preciso recordar.

En cualquier caso, recordamos al Ayuntamiento que la Real Academia de la Lengua define acampar como “detenerse y permanecer en despoblado, alojándose o no en tiendas o barracas”, con lo que parece dificultoso aplicar este concepto a una zona urbana

UNDECIMA.- SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE ACTOS PUBLICOS (ARTICULO 20)

El artículo 20, anulado por los tribunales en la anterior redacción, vuelve en términos similares a la ordenanza en una actuación municipal que cuanto menos se puede calificar de falta de respeto al Estado de Derecho y a las resoluciones judiciales.

Resulta palmariamente imposible para un organizador de un acto garantizar la seguridad; lo que se puede exigir es, en todo caso, que se “pongan los medios necesarios para garantizar”, so pena de asumir una responsabilidad objetiva. De otro modo nadie estaría en condiciones de asumir lo que la ordenanza demanda en el apartado 1º. Curiosamente, los medios sí remencionan en el deterioro o limpieza de mobiliario urbano. De hecho en esos mismo términos se manifiesta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia en sentencia número 2169 de fecha 5 de diciembre de 2006.

Se solicita que en el párrafo primero se sustituya el término “deberán garantizar” por “pondrán los medios que tiendan a garantizar”. Y solicitan que se suprima el término bienes de dicho primer párrafo, puesto que a los bienes se destina el punto segundo del precepto

DUODECIMA.- SOBRE LA INFRACCION DE MALTRATO DE ANIMALES (ARTICULO 24 g)

De nuevo el Ayuntamiento bordea el ninguneo a los tribunales de Justicia: El Tribunal Superior de Justicia anula la infracción de “Cazar y matar pájaros y otros animales” por no estar recogida en lo previsto en el artículo 140 de la ley 57/2003 de bases de régimen local y vuelven a introducirlo con la siguiente descripción “Maltratar pájaros y animales”, que tampoco está recogida en el artículo 140.

Al margen de que todos estamos de acuerdo en que dicha actitud no es cívica ni ética, no hay soporte.

Al margen de esto, nos preguntamos si los pájaros no son animales (y si lo son sobran los pájaros en el precepto…), o si las corridas de toros son infracción grave en Valladolid.

DECIMOTERCERA.- SOBRE LA REPARACION DE DAÑOS (ARTICULO 27)

No olvidemos que la Administración sólo puede ejercitar la potestad de autotutela, sea conservativa o agresiva, cuando gocen de la suficiente habilitación legal, debiendo afirmarse la incompetencia administrativa para determinar y exigir la responsabilidad por los daños causados a sus bienes por los administrados, por corresponder a los Juzgados y Tribunales penales o civiles, bien se derive de un delito o falta, bien de un ilícito no punible. Sentencia 3387 de 26 de octubre de 1992 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso.

DECIMOTERCUARTA.- PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE PRECEPTOS

Para el supuesto de que los anteriores motivos no tuvieran acogida, se proponen las siguientes modificaciones en el articulado de la Ordenanza:

  • Artículo 7.1: Añadir: “El Ayuntamiento habilitará espacios suficientes exclusivamente reservados para su utilización como soporte en el ámbito de la participación ciudadana”. La modificación se sustenta en la obligación que la Ley de Asociaciones (artículos 4 y 31.1) Ley Orgánica 1/2002 atribuye a las Administraciones de promover el funcionamiento de las asociaciones en el desarrollo de los artículo 22 y 23 de la Constitución.
  • Artículo 7.3: Añadir: “se podrán colocar carteles en escaparates, portales y en otros lugares situados en el interior de establecimientos”. De este modo se facilitaría la difusión de actos culturales, deportivos y sociales cuya vía de difusión son la cartelería en portales y establecimientos. De otro modo se vulnerarían, en lo referido a asociaciones, los artículos 4 y 31.1 de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, por obstaculizar gravemente los medios de difusión de las actividades y convocatorias de las asociaciones.
  • Artículo 14.3: Añadir: “dentro del horario fijado por el Ayuntamiento”. De otro modo, en base a la disposición derogatoria de la ordenanza, ya no hay horario de tirar las basuras a los contenedores, con los consiguientes problemas higiénicos y de olores, sobre todo en los periodos estivales.
  • Artículo 14.7: Añadir: “El Ayuntamiento habilitará urinarios públicos suficientes para ello”. Hay que dar alternativas al ciudadano que evidentemente no puede hacer sus necesidades en al vía pública, pero que las tiene y en casos con urgencia (pensemos en los ancianos por ejemplo, o en los niños), sin que deban ser obligados a entrar en un establecimiento hostelero si es que existe y con la obligación PATENTE más o menos patente de consumir. Si damos alternativas a los animales con lugares adecuados o la posibilidad de deyectar cerca de los sumideros (artículo 14.9 de la ordenanza), demos soluciones a los vecinos.
  • Artículo 23 letra d): Es evidente que los contendores de basura son elementos que conforman el equipamiento público; y dichos elementos ya han quedado expresamente recogidos en el apartado letra a). Debe suprimirse este apartado

DECIMOQUINTA.- PROPUESTA DE REGULACION NUEVA CONDUCTA

La prostitución no es ilegal en España, pero es una práctica que debe ser regulada por las distintas administraciones. Se trata de una realidad compleja y que requiere ser abordada desde múltiples puntos de vista. Sin embargo, siempre implica un trato vejatorio y degradante entre personas.

Son numerosos los vecinos que han dirigido sus quejas a las distintas asociaciones de vecinos que integran esta Federación solicitando la prohibición de la prostitución callejera.

Las razones argumentadas son de distinto tipo:

  1. La prostitución implica con frecuencia un trato vejatorio y degradante que atenta contra la dignidad de la persona.
  2. La práctica de la prostitución va acompañada con demasiada frecuencia de otras prácticas delictivas: violencia sexual, tráfico ilegal de personas, consumo y tráfico de drogas, etc.
  3. La práctica de la prostitución suele estar acompañada de riesgos para la salud, como son las enfermedades de transmisión sexual.
  4. La prostitución, especialmente la ejercida en la vía pública, constituye un mal ejemplo para nuestros niños y jóvenes. Hay que dedicar atención por igual a las personas que ejercen la prostitución y a quienes recurren a ella como clientes.
  5. La prostitución, especialmente la ejercida en la vía pública, tiene importantes consecuencias negativas para la zona –y por extensión a todo el barrio - donde se desarrolla: impide el desarrollo cultural y comercial del mismo, dificulta el desarrollo urbanístico del entorno y altera notablemente la convivencia ciudadana. No pueden unos pocos ciudadanos convertirse en dueños absolutos del espacio público de una ciudad.

Se solicita uno o varios preceptos específicos de regulación de estas situaciones
Por lo expuesto

SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, lo admita y tenga por efectuada la anterior aportación dentro del periodo de exposición pública, y en base al contenido del presente escrito acuerde:

1. Proceder a suprimir conductas que no tienen legitimación sancionadora legal habilitadora.

2. Proceder a suprimir las sanciones que no tienen legitimación legal habilitadora.

3. Suprimir las sanciones que no tienen reflejo en una acción u omisión concreta.

4. Suprimir las conductas inconcretas.

5. Y de modo subsidiario a las anteriores, proceder a la modificación de los preceptos solicitados.

Valladolid, 12 de diciembre de 2011.