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Enorme varapalo judicial al alcalde de Valladolid

Auto del TSJ ordenando el desalojo y demolición de los áticos del edificio "Caja Duero" donde tiene una vivienda el alcalde

Texto completo del auto dictado el 16 de junio de 2008

Miércoles 17 de junio de 2009 · 1209 lecturas · rss article rubrique


TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Sala de lo Contencioso-Administrativo

AUTO

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ OLALLA
D. RAMÓN SASTRE LEGIDO
D. EZEQUÍAS RIVERA TEMPRANO

En VALLADOLID, a dieciséis de Junio de dos mil nueve

HECHOS

PRIMERO. En los presentes autos recayó sentencia de fecha 28 de abril de 2008 cuya parte dispositiva dice:"Que estimando /a pretensión deducida por la representación procesal de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, debemos anular y anulamos por su disconformidad con el ordenamiento jurídico el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de 16 de junio de 2000 por el que se concedió licencia de obras para rehabilitar el edificio sito en Plaza Zonilla con vuelta a la calle Santiago y María de Molina, así como el Decreto n° 1823, de 19 de febrero de 2001, por el que se aprobó el proyecto de Ejecución de dichas obras; anulamos, también los Acuerdos de la Comisión de Gobierno de 15 de febrero, 1 de marzo y 17 de mayo de 2002, por los que se concedieron las licencias de primera ocupación de los edificios números
28 de la calle Santiago, nº 3 de la Plaza Zorrilla y nº 13 de la calle María de Molina, respectivamente. No hacemos especial condena en las costas de este proceso".

SEGUNDO., Por providencia de 16 de septiembre de 2008 se declaró firme la sentencia antes indicada y, para que se llevara a puro y debido efecto lo en ella acordado, se adoptaran las resoluciones que procediesen y se practicara cuanto exige el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, se acordó remitir testimonio de la sentencia y comunicación al Ayuntamiento de Valladolid, así como requerirle para que acusase recibo en el plazo de 10 días comunicando el órgano responsable del cumplimiento de la sentencia.

TERCERO. Mediante escrito presentado el 7 de enero de 2009 la Procuradora Sra. Velloso Mata, en la representación que ostenta, instó la ejecución forzosa de la sentencia solicitando que: 1) se reiterase el requerimiento al Ayuntamiento de Valladolid para que disponga el cumplimiento de la sentencia e indique el órgano responsable de dicho cumplimiento; 2) se requiriese al representante procesal del Ayuntamiento para que en el plazo de siete días remitiese copia de las actuaciones llevadas a cabo en cumplimiento de la sentencia; 3) Se ordenase a las empresas suministradoras de agua, electricidad y gas para que cesen en el suministro de los respectivos servicios a todas las viviendas y locales de los edificios n" 28 de la calle Santiago, 3 de la Plaza Zonilla y 13 de la calle María de Molina: y 4) se ordenase la demolición del edificio por resultar incompatible con el planeamiento o, subsidiariamente, ordenar al Alcalde, con los apercibimientos previstos en el art. 112 de la Ley Jurisdiccional, que de forma inmediata incoe el oportuno expediente de restauración de la legalidad y requiera a los interesados para que en el plazo de los tres meses soliciten la correspondiente licencia.

CUARTO. Por diligencia de 20 de febrero de 2009 se tuvo por instada la ejecución y se acordó librar oficio al Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid para que remitiese certificación acreditativa de las resoluciones dictadas y actuaciones practicadas para dar cumplimiento a lo acordado en la sentencia a lo que se dio cumplimiento mediante la documentación remitida a la Sala el 27 de marzo de 2009.

QUINTO. La Procuradora Sra. Camino Garrachón, en nombre y representación de Don J. Manuel Gómez Gaite, presentó el 10 de marzo de 2009 escrito solicitando que se acuerde la ejecución de la sentencia en los términos que propone en el cuerpo de su escrito.

SEXTO. El 20 de marzo de 2009 el Letrado del Ayuntamiento de Valladolid presentó escrito en el que expone que la licencia urbanística anulada no incluía la totalidad de la construcción existente por lo que no cabe la demolición de todo el edificio; que la incoación de expediente de restauración de la legalidad urbanística en relación con las obras de rehabilitación acordada por Decreto de la Concejalía del Área de Urbanismo, por delegación de la Alcaldía, de 8 de enero de 2009 y la concesión a todos los interesados de un trámite de audiencia es la medida de ejecución que solicita la parte ejecutante y que la medida de corte del suministro de los respectivos servicios no procede ni para todo el edificio porque las obras autorizadas por la licencia anulada no afectaban a la totalidad del inmueble, ni ampara dicha medida el precepto invocado por la parte ejecutante, el Art. 302 del Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero (RUCyL). ni es posible dadas las relaciones jurídico-privadas existentes entre los ocupantes del edificio y las empresas suministradoras. Posteriormente se ha aportado el Decreto n° 4200, dictado el 4 de mayo de 2009 por la Concejal delegada de Urbanismo y Vivienda por delegación del Alcalde, por el que se requiere al promotor de las obras de rehabilitación del inmueble litigioso para que en el plazo máximo de tres meses proceda a solicitar la correspondiente licencia ajustada a la normativa urbanística, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo sin cumplir con lo exigido el Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para la reposición de los bienes afectados a su estado anterior a costa de los responsables.

SÉPTIMO. El Procurador Sr. Gallego Brizuela, en nombre de la mercantil Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) presentó escrito el 14 de mayo de 2009 en el que solicita que se tenga por Iniciado el expediente de restauración de la legalidad urbanística por el Ayuntamiento de Valladolid solicitado con carácter subsidiario en el punto 4) del escrito de la Asociación recurrente y por cumplidas las actuaciones señaladas en los apartados 1) y 2), rechazando la adopción de las medidas solicitadas en el apartado 3) y la demolición solicitada con carácter principal en el apartado 4) por ser contrarias a Derecho.

OCTAVO. El Procurador Sr. Rodríguez Monsalve, en representación de la mercantil Edificasa, SA, presentó escrito el 19 de mayo de 2009 en el que manifiesta que ella ha culminado todo el proceso de rehabilitación con arreglo a las licencias concedidas en su día por el Ayuntamiento de Valladolid y ha vendido las viviendas y oficinas que eran de su propiedad por lo que en la actualidad carece de todo interés legitimo en este incidente y ha perdido su condición de posible perjudicada por la revocación de las licencias impugnadas, por lo que no puede sino abstenerse de realizar cualquier tipo de proposición O alternativa edificatoria para la ejecución de la sentencia que pudiera favorecer o perjudicar a cualquiera de los propietarios de los elementos afectados por la resolución judicial, siendo la Administración condenada la obligada a restaurar el orden jurídico perturbado en ejecución de la sentencia que revoca los actos de licencia por ella otorgados, por lo que ninguna actuación va a realizar y solicita se la tenga por apartada del presente incidente por falta de legitimación pasiva.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Don Ezequías Rivera Temprano.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. La licencia de obras anulada por la sentencia firme de fecha 28 de abril de 2008 no autorizaba la construcción de un edificio de nueva planta sino la realización de unas obras de rehabilitación de la edificación sita en la Plaza Zorrilla con vuelta a las calles Santiago y María de Molina para 31 viviendas, oficinas y locales; realmente dicha edificación, como se dice en la sentencia, la integran tres edificios desde el punto de vista urbanístico que cuentan con protección integral en su configuración exterior y estructural en su interior de acuerdo con el planeamiento aplicable.

La licencia de obras se anuló -y, como consecuencia de ello, las licencias de ocupación-porque vulneraba el planeamiento, entre otras cosas, al permitir obras que exceden de las obras de rehabilitación y reestructuración interior parcial permitidas para el grado de protección de los edificios citados, como las referidas a la cubierta de los tres edificios -elemento de cerramiento y definidor de la forma del edificio-y a la fachada interior del edificio de la calle Santiago 28.

Las sentencias firmes deben llevarse a puro y debido efecto por la Administración’ autora de la actividad objeto del recurso, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo (art. 104.1 de la Ley Jurisdiccional) sin que puede suspenderse el cumplimiento ni declararse la ejecución total o parcial del fallo salvo que concurran causas de imposibilidad legal o material (art. 105.1 y 2 de la Ley Jurisdiccional).

Por tanto, es obligación de la Administración la ejecución de los pronunciamientos de la sentencia, correspondiendo a esta Sala la potestad de hacer ejecutar la misma y velar por que tal ejecución se realice de conformidad con el fallo.

SEGUNDO. El Tribunal Supremo en la sentencia de 4 de febrero de 2009, recogiendo la doctrina sentada por ese Tribunal en la sentencia de 7 de junio de 2005, ha dicho" ... tratándose de obras realizadas al amparo de una licencia que contraviene normas urbanísticas -como es el caso-, la anulación de ésta comporta la obligación de demolición de aquéllas; de suerte que, ni la sentencia que acuerda ésta, aunque no hubiera sido pedida, es incongruente, ni se rebasa el sentido del titulo ejecutivo cuando se ordena tal demolición en la fase de ejecución pese a que el titulo sólo contuviera explícitamente el pronunciamiento anulatorio de la licencia (por todas. pueden verse las sentencias de 3 de julio de 2000. 19 de noviembre de 2001 y 26 de julio de 2002. dictadas, respectivamente, en los recursos de casación números 206111995, 406011999 y 330312000).

En el presente caso, la ejecución de la sentencia no comporta la demolición de toda la edificación porque no es de nueva planta, sino la demolición de las obras de rehabilitación realizadas al amparo de la licencia de obras declarada ilegal; además, dado que los edificios están catalogados y que las obras amparadas por la licencia anulada han afectado a elementos protegidos por el planeamiento, la restauración de la legalidad urbanística exige no solo la demolición de lo ilegalmente construido sino también la reconstrucción de los elementos protegidos ilegalmente demolidos o modificados. Por otro lado, la consecuencia de la anulación de las tres licencias de ocupación es la imposibilidad de usar las nuevas construcciones amparadas por dichas licencias anuladas.

TERCERO. El Ayuntamiento demandado, que es el obligado al cumplimiento de la sentencia, no la ha ejecutado en el plazo voluntario ni ha indicado el órgano responsable del cumplimiento de la misma, por lo que la parte recurrente ha instado su ejecución forzosa en los términos indicados en los Hechos de esta resolución.

Procede en consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, declarar como órgano responsable del cumplimiento de la sentencia al Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y ordenar en ejecución de la misma que se proceda por el Ayuntamiento demandado a demoler las obras de rehabilitación realizadas al amparo de la licencia de obras declarada ilegal y a reconstruir los elementos protegidos ilegalmente demolidos o modificados concediendo el plazo de tres meses para iniciarlas.

Ha de señalarse que es ajena a esta ejecución -es un problema de responsabilidad patrimonial-la relación del Ayuntamiento con el promotor y las consecuencias derivadas de la anulación de las licencias de obras y de ocupación que en esa relación se produzcan y, por ello, a cargo de quién se han de realizar las obras de restauración de la legalidad urbanística. De ahí que, como se ha dicho, no se considere que el Ayuntamiento haya empezado a ejecutar la sentencia puesto que no ha acreditado que hasta ahora haya realizado las correspondientes obras de demolición y reconstrucción, ni ha presentado proyecto técnico autorizado por él en el que se contemplen las obras a demoler, las obras que se pueden legalizar ni las obras de reconstrucción procedentes. No puede demorar la ejecución de la sentencia, como se ha dicho, las relaciones entre el Ayuntamiento y el promotor, quien ha manifestado mediante el escrito presentado a la Sala que ningún proyecto de obras va a presentar para legalizar las obras porque se considera ajeno a esta ejecución al ser el Ayuntamiento demandado el obligado a ejecutar la sentencia.

Por último, dado que la sentencia cuya ejecución nos ocupa anuló también las licencias de primera ocupación, el cumplimiento de este pronunciamiento comporta el cese del uso de aquellas construcciones cuya utilización amparaba dichas licencias, no el de aquellas viviendas, oficinas y locales existentes, si los hubiera, no afectados por las obras de rehabilitación declaradas ilegales; en consecuencia, en ejecución de la sentencia firme el Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para que este cese del uso se produzca efectivamente, concediendo a tal fin el plazo de tres meses.

CUARTO. La pretendida modificación de planeamiento que plantea la representación de Don J, Manuel Gómez Gaite es ajena a la ejecución de esta sentencia, que ha efectuarse en los términos mencionados de acuerdo con el planeamiento vigente.

QUINTO. En relación con la alegación de la representación de Edificasa, SA, no se estima que carezca de legitimación pasiva en este incidente de ejecución de sentencia, teniendo en cuenta que es la titular de las licencias anuladas por la sentencia.

SEXTO. No se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas (art, 139 LJCA),

Vistos los artículos citados y demás aplicables

LA SALA ACUERDA:

1) Requerir al Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, como órgano responsable del cumplimiento de esta sentencia. para que bajo su directa y personal responsabilidad y bajo el apercibimiento de lo establecido en el art. 112 de la Ley Jurisdiccional, proceda a ejecutar la sentencia ordenando la demolición de las obras de rehabilitación realizadas al amparo de la licencia de obras anulada y a reconstruir los elementos protegidos ilegalmente demolidos o modificados, concediendo el plazo de tres meses para iniciarlas.

2) Requerirte, igualmente, para que en el plazo de tres meses haga efectivo el cese de la utilización de las construcciones amparadas por las licencias de ocupación anuladas.

3) No imponer las costas.

Lo acuerdan, mandan y firman los indicados limos. Sres. Magistrados de la Sala, de lo que yo el Secretario doy fe.


Ver en línea : Comunicado de la Federación: El Tribunal Superior de Justicia ordena el desalojo y demolición de los áticos del edificio "Caja Duero" donde tiene una vivienda el alcalde