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Libertades públicas

La Federación interviene en el Pleno Municipal para expresar su oposición a la "Ordenanza sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales"

Critica la vulneración de los derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y manifestación que esta norma podría suponer y la calificación de "antisociales" de inequívocas conductas cívicas que nos retrotrae a un pasado que se creía superado

Martes 13 de abril de 2004 · 698 lecturas · rss article rubrique


INTERVENCIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID DEL 13 DE ABRIL DE 2004

Ante la aprobación de la Ordenanza sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, la Federación provincial de Asociaciones de Vecinos manifiesta su oposición a su aprobación.

Independientemente de que determinadas acciones (pintadas, por ejemplo) puedan ser repudiadas por todos, repudio que expresamente manifiesta esta Federación, ello no es óbice para que la administración sancionadora municipal actúe conforme a la Ley y no sancione con vulneración de derechos de los ciudadanos.

De modo esquemático debemos efectuar las siguientes

ADVERTENCIAS

SOBRE LA DENOMINACIÓN DE LA ORDENANZA

A pesar de denominarse Ordenanza sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, lo cierto es que ni el título es suficiente ni denota su objeto ni finalidad.

Por ejemplo, el hecho de que para instalar una pancarta (para una asamblea vecinal pongamos por caso) haya de solicitarse permiso del Ayuntamiento ni altera la convivencia social ni es una conducta antisocial, antes al contrario. O el hecho de que los organizadores de un acto público sean responsables de los deterioros que se produzcan, no implica más que el principio básico de responsabilidad civil sin que nada tenga que ver con conductas antisociales.

La filosofía que impera en el Partido Gobernante en este Ayuntamiento es el endiosamiento en base a una mayoría electoral que produce ausencia de comunicación con entes sociales o actuaciones prepotentes, como se manifiesta en que esta ordenanza no ha sido no ya consensuada, consenso siempre perseguido por esta Federación, sino al menos comunicada previamente a las entidades sociales afectadas. Pues bien, ese endiosamiento, que hace incluso que el partido que gobierna se enorgullezca de esta ordenanza, que exportan como modelo, produce que cualquier actuación que altere, aunque sea mínimamente, la tranquilidad de los dirigentes políticos locales sea considerada antisocial.

Pues bien, queremos recordar (pues se ha olvidado de pleno) que los movimientos sociales son manifestación primordial de derechos fundamentales básicos en nuestra estructura democrática y que resulta reprobable que determinada regulación de su actividad, más o menos justificada, se encuadre en un título de ordenanza que regula “conductas antisociales”.

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

La ordenanza, norma, no lo olvidemos, de rango ínfimo, viene a regular el ejercicio de derechos fundamentales, vulnerando el principio de regulación de los mismo por Ley Orgánica e incluso en contra de la regulación ya existente.

Así el artículo 7 afecta al derecho de libertad de expresión, poniendo trabas al ejercicio de este derecho por entidades sociales al obstaculizar la posibilidad de difusión habitual de ideas y convocatorias y al derecho que tiene la ciudadanía de recibir información no sólo por cauces informativos “oficiales”.

Del mismo modo el artículo 16 y 20 afecta de los derechos de reunión y manifestación, estableciendo requisitos previos que no regulan las leyes orgánicas reguladoras y que, de hecho pueden suponer perturbaciones o impedimentos que de hecho menoscaban el lícito ejercicio de estos Derechos.

  • Así, en la Ley Orgánica 9/1999 reguladora del derecho de reunión y manifestación, nada se dice de la posibilidad de prestar fianza para responder de los perjuicios causados por parte de la entidad organizadora, como indica el artículo 20.2 de la ordenanza, que desde aquí manifestamos que es ilegal.
  • En dicha Ley Orgánica expresamente se indica que la responsabilidad de los organizadores de reuniones o manifestaciones por daños a terceros (en los que se incluiría el Ayuntamiento) lo es de carácter subsidiario respecto a los participantes en la misma, frente a la responsabilidad solidaria que proclaman los artículos 20.1 o 28.3 de la ordenanza, que desde aquí manifestamos que son ilegales.
  • En la Ley Orgánica 1/92 sobre protección de la Seguridad Ciudadana se señala la competencia y la cuantía de sanciones por celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones sin los requisitos legales, de tal forma que las sanciones recogidas en los artículos 23 letras c y h y 24 letras “b” e “i” desde aquí manifestamos que son ilegales.

AUSENCIA DE COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO

Por más que leemos el artículo 25 y siguientes de la ley de Régimen Local, no logramos encontrar la competencia del los Ayuntamientos para la actuación en elementos privados.

El fundamento legitimador legal de esta ordenanza, que es la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, alcanza a las relaciones de convivencia de interés local y el uso de servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos.

Pues bien, la ordenanza va más allá de la habilitación legal y del ámbito competencial municipal al regular elementos de titularidad privada (así, el artículo 2 con carácter general, el 5 en materia de publicidad, el 6 en cuanto a pintadas, el 7 en cuanto a carteles o el 13 en cuanto a ruidos y olores).

Como la administración municipal carece de competencia y de norma legitimadora en materia de sanción en los preceptos mencionados, se vulnera el principio de legalidad y las sanciones que se impongan devendrán nulas.

Desde aquí manifestamos que son ilegales los artículos 2.3, 5, 6, 7 y 13.

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONCRECIÓN DE LAS ACCIONES SANCIONABLES

Además del principio de legitimación legal, otro de los principios fundamentadotes del procedimiento sancionador es la concreción de las actuaciones objeto de regulación sancionadora. LA REGULACIÓN INCONCRETA O CON TÉRMINOS GENÉRICOS HACE QUE DICHO PRECEPTO DEVENGA INAPLICABLE DE HECHO.

Términos como “cualquier otra actividad que degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino”, “tranquilidad pública”, plagan el articulado de la ordenanza.

Y esta ambigüedad e imprecisión hacen de la aplicación de esta ordenanza un cúmulo de problemas de enorme calibre, pues los ciudadanos sancionados reaccionarán jurídicamente, circunstancia que debe ser considerada antes de su aprobación.

SITUACIÓN IRREGULAR POR AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN

Esta Federación se ve obligada a plantear su oposición a esta ordenanza sin que le haya sido notificada la resolución de las alegaciones presentadas en plazo.

Esta actitud supone, aparte de una negligencia administrativa grave, una vulneración al derecho de defensa de esta Federación, pues carece de criterios para la contraargumentación.

En cualquier caso, indicar que esta argumentación y contraargumentación será posible en breve y, de nuevo, en sede judicial, pues

1. Esta Federación acudirá a la petición de protección a la autoridad gubernativa (Delegación del Gobierno) conforme regula el artículo 3.2 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, ante cualquier actuación del Ayuntamiento que solicite la prestación de fianza por convocar una reunión o manifestación.

2. Esta Federación informará a los ciudadanos de Valladolid del contenido de la ordenanza y de la actuación jurídica en defensa de sus derechos frente a esta tropelía.

3. Esta Federación en ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial (artículo 25 de la Constitución) actuará ante los Juzgados y Tribunales frente a los preceptos ilegales de la Ordenanza.

Lamentamos que de nuevo la actitud del Ayuntamiento con su falta de diálogo y comunicación amparándose en el rechazo social ante actuaciones de gamberros, y en su mayoría electoral, lleve a que sean los Juzgados y Tribunales los que hayan de decir la última palabra. Pues bien, no olviden que en eso tenemos experiencia y que con frecuencia, los Juzgados vienen a dar la razón a los argumentos que defiende esta Federación. Y de nuevo recordamos que de esta situación resultarán perjudicados todos los ciudadanos de Valladolid, primero porque impedirá que se dirijan los esfuerzos en su totalidad a los problemas reales de los ciudadanos, algunos de ellos muy olvidados, y segundo porque la más que probable condena en costas al Ayuntamiento de nuevo habremos de pagarlas entre todos los ciudadanos de Valladolid.

La única actuación antisocial contra la sociedad y la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación, todos ellos derechos fundamentales que son expresión de la democracia, es la de la propia ordenanza, de tal manera que no es exagerado calificar de antisociales a los dirigentes políticos que la aprueban.

Reflexiónese sobre estas consideraciones, retírese la ordenanza y dediquémonos a problemas que realmente preocupan a la ciudadanía.

Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid

12 de abril de 2004