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Opinión: Susana Ordóñez

«Un Plan General de Ordenación Urbana siniestro y a la deriva»

El problema tiene sede en el desgobierno municipal de la concejalía de Urbanismo en los últimos años, y especialmente bajo la dirección del inefable señor García Coca y otros leales, los grandes chefs del urbanismo vallisoletano «a la carta»

Sábado 3 de mayo de 2008 · 291 lecturas · rss article rubrique


Los nuestros son tiempos de un urbanismo siniestro. Cada mirada presagia un posible desastre. Y todos los desastres evidencian, insistentemente, que sólo si se mantiene la distinción entre política y administración, y sólo si funciona una burocracia capaz de aplicar las políticas con solvencia y conforme a los procedimientos reglados, la gobernanza democrática municipal contará con la expresión de su valía frente a las desviaciones, los abusos y la arbitrariedad del poder.

El popular Plan General de Ordenación Urbana de esta dudad, audaz mago de chistera, capaz de todas las magias, no cesa de deparamos sorpresas: desde la superliberalización del suelo que multiplica por tres la dudad existente (aunque cada vez seamos menos para mantenerla) hasta, decididamente, la magna colección de «manipulaciones» que se han fraguado en la concejalía de Urbanismo sobre lo aprobado y ordenado por el consejero de Fomento.

Así, resulta que la ordenación de la ciudad que se viene aplicando todavía hoy por el Gobierno Municipal es una ordenación manipulada, de origen divino, en beneficio exclusivo de algunos intereses estrictamente privados y en perjuicio evidente de los intereses públicos.

Intereses generales que no sólo no ganan nada con las alteraciones ya detectadas, sino que hasta pierden su participación legal en las plusvalías como, por ejemplo, sucede con todas las alteraciones dirigidas a eliminar los deberes de los propietarios de cesión de suelo para dotaciones y aprovechamientos urbanísticos al municipio, transformando, por arte de birlibirloque, suelos urbanos no consolidados en suelos urbanos consolidados.

Transformaciones a las que, por cierto, el Gobierno Municipal tiene una perversa afición, y que experimentadas por otras vías también resultaron fraudulentas, como tiene declarado el Tribunal Superior de Justicia a propósito, por ejemplo, del lucrativo Convenio de Ebro. La situación es, pues, vergonzosa y vergonzante políticamente, y socialmente insostenible e inaceptable.

En una sociedad democrática, inteligente, compleja, plural, todo el mundo, también la política, está obligado a elegir entre la autoridad ignorante o la deliberación inteligente. En el ayuntamiento de Valladolid parece haber una vieja enemistad entre mandar y aprender, una incompatibilidad que Kart Deutsch sintetizaba muy bien al afirmar que el poder parece tener el privilegio de no necesitar aprender.

De ahí la cercanía del poder al autoritarismo y la ceguera. «¿Mandas o gobiernas?» podría ser la nueva versión del clásico «¿estudias o trabajas?». Cuando la respuesta es siempre ¡aquí mando yo!, las consecuencias urbanas difícilmente pueden ser otras que el horror “in crescendo” con el que se materializan cientos y cientos de metros cuadrados levantados con una arquitectura mediocre, fea, y además vieja, antigua.

Todo viviendas y nada más que viviendas, que para más inri no son accesibles para la mayoría de la gente que necesita este bien básico, en contra de lo que debe ser una ciudad lógica y sostenible. A espaldas de los ciudadanos, con la negación de la ciudad como hecho colectivo, sin promover en la mayor medida posible la participación social y el libre acceso a la información urbanística, la actividad urbanística pública, opaca y sin control, termina en la marea de chapapote urbanístico que nos invade y que parece no tener fin porque, de una forma o de otra, esta manera de actuar se repite con el segundo proyecto del señor Rogers sobre los terrenos liberados por el ferrocarril.

Plato ya cocinado, sobre el que en periodo vacacional nos permitirán perder el tiempo formulando alegaciones. ¿Por qué no quiere el Gobierno Municipal disponer la exposición publica del Avance de objetivos y propuestas, para someterlas al debate público, durante el procese de elaboración del planeamiento y antes de su aprobación inicial, como tiene previsto la Ley? ¿Por qué no quiere pactar con los ciudadanos el proyecto urbano más importante de Valladolid, como ha hecho con el Ministerio de Fomento y ADIF? Son muchas las preguntas que nunca obtienen respuesta.

Como los milagros, estas prácticas urbanísticas municipales quedan a la intemperie de la sospecha razonable, dejadas, por sí decirlo, de la mano de Dios. Pero el vigente Plan General a la deriva, si «modus operandi», las rectificaciones, innovaciones y añadidos que ahora se hacen públicos, el bochorno, la incertidumbre y el escándalo enfrentan contradicciones irresolubles a quienes comulgan a ciegas con el dogma de la infalibilidad y santidad del Gobierno de la Casa Consistorial. ¿Y ahora qué?

El Grupo Municipal Socialista y la Federación de Asociaciones de Vecinos han denunciado el fraude ante el consejero de Fomento, instando a la Administración Autonómica a la comprobación integral de la documentación del Plan General y a que garantice su ajuste a lo realmente aprobado y ordenado. Los hechos son una realidad como tales hechos, y ocurre que la realidad es siempre una: no puede ser y no ser al mismo tiempo, o simultáneamente de una manera o de otra. La valoración política de la realidad podrá ser acaso objeto de valoraciones subjetivas, pero la realidad como tal, si se ha producido el hecho o no se ha producido y cómo se producido, esto ya no puede ser objeto de una facultad discrecional, porque no queda al arbitrio de las Administraciones determinar que algo no ha ocurrido si realmente ha sido así, si los hechos, como aquí sucede, se han producido.

La cuestión urgente y sustancial es, pues, que, constatada una realidad insostenible, los principios básicos de legalidad, justicia y seguridad jurídica obligan inexcusablemente a la consejería de Fomento a no perderse en formalismos y, en todo caso, a tomar una ini
tizar a todos los ciudadanos la reconducción del Plan General a lo que debió ser y no es.

No hay inteligencia allá donde falta la capacidad estratégica de revisar, actualizar, corregir o modificar la propia posición. Se equivocaron dando por bueno lo que no lo era. Al amparo de un exceso de confianza en la lealtad institucional municipal, la consejería de Fomento obvió entonces, tal vez con ligereza, la comprobación debida.

Hoy es ineludible. Debe inexcusablemente cotejar íntegramente toda la documentación del Plan General y eliminar el más mínimo resquicio de inseguridad jurídica. Las alteraciones de planos y normativa denunciadas son sólo muestras, pruebas contundentes de la grosera y descarada manipulación sufrida, pero no pretenden ser un examen exhaustivo.

Pueden aún aparecer nuevas sorpresas de la chistera municipal, y la constatación ofi¬cial de todas las que finalmente resulten fuerza a la Consejería, ante la excepcionalidad del caso, a la suspensión total o parcial de la vigencia del Plan General, hasta que todo se ponga en orden. Ello tampoco exigiría una duración superior a los dos meses, con lo que las consecuencias de la suspensión del Plan en la actividad urbanística vallisoletana, en la práctica, realmente no van a ser ni de lejos más perjudiciales para la salud general de la ciudad que el actual estado degenerativo diagnosticado.

La parálisis administrativa en la gestión urbanística no va a sufrir diferencias apreciables, y buena parte de los procesos urbanísticos regulares no tienen por qué verse afectados. Las consecuencias puntuales de la necesaria suspensión puntual de la vigencia del un Plan General manipulado no son pues el problema, sino la única y urgente solución al desmán municipal.

Es cierto que podría irse mas allá, y analizar y revisar administrativamente todas las aprobaciones o autorizaciones municipales que en los últimos años se han realizado al amparo de la normativa gráfica o escrita manipulada. Es cierto que el Estado de Derecho permitiría dejarlas sin efecto total o parcialmente, pero también lo es que esa consecuencia podría generar responsabilidad patrimonial para las arcas municipales.

En definitiva, que somos todos nosotros, los vecinos de a pie y la propia ciudad, los que podríamos acabar pagando los platos rotos por, partida doble. Administrativamente habrá pues que ponderar, en cada caso, si finalmente es o no peor el posible remedio que la enfermedad. Sin embargo, la exigencia social y ciudadana indiscutible es la depuración de todas las responsabilidades personales, y que los autores materiales o intelectuales de las alteraciones, responsables directos o indirectos, solos o en compañía de otros, no permanezcan inmunes e impunes.

Este problema no tiene, pues, la sede en la consejería de Fomento, ni en el cementerio como también pretenden algunos. Tampoco está, desde luego, en quien pone de manifiesto el pastel o lo denuncia. El problema tiene sede en el desgobierno municipal de la concejalía de Urbanismo en los últimos años, y especialmente bajo la dirección del inefable señor García Coca y otros leales, los grandes chefs del urbanismo vallisoletano «a la carta». Hay obviamente una clara responsabilidad política y de desgobierno. De esa responsabilidad sí deberían resultar consecuencias significativas para la ciudad. No puede ser que todo valga. Por vergüenza y dignidad.

Susana Ordóñez es Jurídico urbanista y Librepensadora


Fuente: Texto: Susana Ordóñez, Imagen: JN, Diario de Valladolid-El Mundo, 29-04-2008.